Salud mental: cómo son las casas asistidas que reemplazan al manicomio

Durante mucho tiempo fue una casa vinculada a una causa penal. Ahora es un lugar donde diez personas usuarias de Salud Mental podrán volver a elegir qué comer, cuándo salir, cómo organizar su pieza o con quién compartir una charla de sobremesa después de haber pasado años dentro del ex manicomio Agudo Ávila de Rosario y no contar con un lugar al que llamar “casa” cuando ya no necesitaban estar en el hospital.

Semanas atrás el gobierno de Santa Fe inauguró en Granadero Baigorria un nuevo hostal asistido de Salud Mental en una vivienda recuperada del delito, que fue incorporado a la red provincial de 24 dispositivos habitacionales destinados a personas que atravesaron largas internaciones psiquiátricas y ya están en condiciones de vivir fuera de los hospitales, pero no cuentan con un “afuera” que les reciba.

“Transformar una vivienda recuperada del delito en una casa luminosa para recibir a los santafesinos que más lo necesitan es maravilloso”, sostuvo la ministra de Salud, Silvia Ciancio, durante la inauguración del hostal en la localidad vecina a Rosario. La casa tendrá capacidad para diez personas y contará con acompañamiento permanente de equipos interdisciplinarios, permitiendo también liberar espacios de internación prolongada dentro del hospital y avanzar en la reconversión de servicios hacia modalidades ambulatorias.

La apertura del hostal es parte de una estrategia que lleva décadas desarrollándose en la provincia y que apunta a reemplazar progresivamente el modelo manicomial de encierro por alternativas comunitarias capaces de garantizar autonomía, inclusión y ciudadanía, algo que por estas semanas, sin tanto tratamiento mediático, ocupa al Congreso nacional, donde se discuten posibles modificaciones a la ley de Salud Mental, que son resistidas por, entre otras instituciones, el órgano de revisión de la ley en Santa Fe.

Las casas asistidas aparecen son uno de los ejemplos más concretos de las llamadas políticas sustitutivas de los manicomios que la norma actual promovió en todo el país y que, con el potencial cambio legislativo, se verían en peligro porque dejarían de ser la respuesta la pregunta: ¿Qué pasa cuando las personas dejan de vivir en instituciones psiquiátricas y pasan a hacerlo en la comunidad?

Cómo nacen las casas asistidas

Uno de los principales problemas que enfrentan los hospitales que funcionaban como manicomios y que tienen todavía que completar su adecuación a la ley es que muchas personas permanecen internadas mucho después de haber superado las crisis que motivaron su ingreso. Muchas veces porque literalmente no existe un afuera que las reciba: una familia, un lugar al que llamar “hogar”.

Algunas personas perdieron vínculos familiares. Otras no tienen recursos económicos. Muchas ya no cuentan con una vivienda propia o no tienen una red de apoyo capaz de acompañar el regreso a la vida comunitaria. Entonces, el hospital termina ocupando un lugar para el que nunca fue pensado. En Argentina las casas asistidas nacieron inspiradas en modelos europeos de atención comunitaria para dar respuesta y Santa Fe fue una de las primeras provincias en implementarlas.

La primera experiencia registrada surgió en Oliveros en 1993. Años más tarde aparecieron nuevas viviendas vinculadas al Agudo Ávila y al Hospital Mira y López de la capital provincial. Con el tiempo y el trabajo de profesionales, el sistema fue creciendo hasta convertirse en una red provincial. Actualmente existen 24 dispositivos habitacionales distribuidos en Santa Fe. Del total, 22 son viviendas compartidas donde conviven grupos reducidos de entre tres y cuatro personas. A esa red se suman dos dispositivos de mayor capacidad: la Casa Baigorria, que puede alojar a diez residentes, y el Hostal Maciel, preparado para recibir hasta dieciséis personas.

Todos forman parte de una misma lógica: ofrecer una alternativa real a la institucionalización permanente.

Cómo funciona una casa asistida

Las casas asistidas no funcionan como hospitales pequeños ni como residencias cerradas. Quienes viven allí tienen una vivienda propia, habitaciones, espacios comunes, vecinos y rutinas similares a las de cualquier otra persona. Cocinan, hacen compras, reciben visitas, organizan su tiempo libre y toman decisiones cotidianas sobre sus vidas.

Las casas y las personas cuentan con apoyos permanentes para sostener esa autonomía. Los equipos están integrados por profesionales de enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social y acompañamiento terapéutico. Dependiendo del dispositivo, el acompañamiento puede ser permanente o mediante visitas periódicas. En el caso de la nueva Casa Baigorria, habrá presencia de personal de salud las 24 horas, todos los días del año.

La función de esos equipos no reemplaza las decisiones de las personas sino que acompañan a reconstruir capacidades que muchas veces quedaron debilitadas después de años de institucionalización: administrar dinero, organizar horarios, cocinar, trabajar, recibir visitas o construir vínculos afectivos. La idea es acompañar, no tutelar.

“Es respetar el derecho de las personas con padecimientos mentales a tomar decisiones, actuar y aprender de la experiencia”, explicó el director del Agudo Ávila, Rodrigo Ferrante, durante la inauguración de la nueva casa. Y es que, tal como establece la ley actual, los padecimientos subjetivos no deberían implicar la pérdida de derechos civiles, sociales ni políticos.

La vivienda se suma a otros dispositivos que acompañan a personas con padecimientos subjetivos. Según datos oficiales, Santa Fe cuenta actualmente con 112 espacios sociales, culturales y productivos distribuidos en diferentes localidades. Y es que según explicaron desde Salud Mental de Santa Fe la recuperación o reinserción en la vida social fuera del hospital no depende solo del tratamiento médico. También necesita acceso a vivienda, vínculos sociales, actividades culturales, empleo y participación comunitaria. Por eso los equipos trabajan en cuestiones tan diversas como trámites administrativos, acceso a pensiones, búsqueda de oportunidades laborales, participación en talleres culturales o recuperación de bienes y derechos perdidos durante largos períodos de internación.

Quienes defienden el modelo actual sostienen que volver a centrar la atención en dispositivos de encierro como pretenden desde algunos sectores políticos de derecha implicaría retroceder sobre derechos conquistados. También recuerdan que muchas internaciones prolongadas históricamente respondieron más a problemas habitacionales, económicos o familiares que a razones estrictamente sanitarias.