Malestar en Entre Ríos: nuevos recortes presupuestarios en áreas clave del sistema educativo

Los desafíos que enfrenta el sistema educativo entrerriano son parte de una historia repetida: establecimientos escolares con falta de mantenimiento, docentes con salarios por debajo de la canasta básica y la amenaza del Gobierno provincial de cerrar 60 Centros Educativos de Primaria para Jóvenes y Adultos.

La medida, que en principio se ejecutaría el 30 de junio, revela el desmantelamiento de una política pública destinada a garantizar la alfabetización de cientos de jóvenes y adultos en la provincia. Al parecer el plan de recorte quedaría sujeto a una evaluación de autoridades del Consejo General de Educación (CGE), tal como lo anticipó el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger, en respuesta a publicaciones periodísticas, entre ellas la de Mirador Entre Ríos, primer medio en divulgar la información a través de un informe.

«No existe ninguna resolución ni disposición oficial que ordene el cierre de centros educativos. No se ha emitido, desde esta Dirección ni desde el CGE, comunicación alguna a las Direcciones Departamentales de Escuelas que disponga tal medida. Las versiones que se han difundido al respecto se basan en una interpretación errónea y parcial de una circular interna que tenía como único objetivo la actualización de datos institucionales, matrícula y funcionamiento de los centros, con el propósito de contar con información precisa y actualizada en el sistema SAGE (Sistema Administrativo de Gestión Educativa)», aseguró el funcionario.

El debate institucional se trasladó a los portales de noticias, pero cobró mayor relevancia en las redes sociales, donde las autoridades educativas negaron con énfasis que se fuera a concretar el cierre de los dispositivos de alfabetización. Mientras que desde Agmer se intentaba demostrar que en realidad el CGE, a través de la Dirección de Educación de Adultos y Jóvenes, había comenzado a notificar a las Departamentales de Escuelas sobre el inminente cierre de los Centros Educativos.

Recortes donde más duele

La amenaza de paralizar los Centros Educativos resultó apenas la punta de un iceberg de un universo de problemáticas estructurales que ponen en jaque el acceso al derecho a la educación.

Lía Fimpel, secretaria general de Agmer Uruguay, advirtió por el cese de horas extras en el ámbito del Consejo General de Educación. Sobre esta situación confió en diálogo con Mirador Entre Ríos que «como en otras reparticiones de la administración pública provincial hubo rebajas del 20 % en las horas extras de los compañeros y compañeras que trabajan en el CGE, sumado al despido de trabajadores o la no renovación de contratos».

En su momento Agmer Central planteó que se eliminaron 86 suplencias en el organismo que define las políticas educativas y hubo un recorte del 25 % en las horas extras que perciben las y los trabajadores del Estado entrerriano.

Fimpel consideró que la caída de contratos conlleva un impacto en el normal funcionamiento de la estructura educativa: «Son puestos de trabajo con funciones específicas en el sistema educativo, esto va en detrimento directo de la eficacia y eficiencia del sistema educativo, no hay quien resuelva situaciones planteadas a diario que requieren respuestas inmediatas».

El reclamo además abarca la suspensión en las suplencias de ordenanzas, lo que genera un escenario de mayores dificultades en el desarrollo normal de las actividades de estudiantes y docentes, «en detrimento de los 190 días de clases de clases pregonados». Según la gremialista «hay demoras y obstáculos para la cobertura de cargos de ordenanzas. Las escuelas no pueden funcionar sin actores claves como lo son las ordenanzas. Esto se suma a los problemas que presentan las auditorías médicas a la salud laboral (tanto de ordenanzas como de docentes)».

Otra de las demandas del sector está relacionada con la labor de los Orientadores Pedagógicos en Alfabetización, profesionales de la educación que tienen como objetivo mejorar la alfabetización de los estudiantes de primer y segundo grado de primaria. Desde Agmer plantearon que los trabajadores incluidos en el Plan Provincial de Alfabetización, que se sostiene con Coordinaciones y Orientadores pedagógicos en cada territorio viene avanzando desde el año 2022 en nivel primario y desde 2024 en el Nivel Inicial.

En efecto, el problema radica en que todavía siguen esperando cobrar por las horas trabajadas. Las docentes convocadas por el CGE para desempeñarse como orientadoras pedagógicas (OP) en el Plan Provincial de Alfabetización (PPA) denunciaron que trabajaron durante más de dos meses sin haber sido contratadas formalmente ni haber recibido pago alguno. La situación afecta a docentes de diferentes departamentos, entre ellos Concordia, Colón, Federación e Islas del Ibicuy.

El reclamo se originó tras una comunicación informal que las docentes recibieron la semana pasada por parte de sus coordinadoras, en la que se les informó que el presupuesto no sería asignado y que no se emitirían las resoluciones correspondientes a sus funciones.

«Este año se habló con diferentes docentes en el territorio provincial a algunos les llegó resolución con en nombramiento por el ciclo lectivo y otros quedaron a la espera, mientras tanto realizaron diferentes trabajos, virtuales y presenciales, desde completar información solicitada en una plataforma nacional a ser parte de capacitaciones, y trabajar presencialmente en las aulas al lado de cada docente aplicador del plan», graficó Fimpel.

«Cabe agregar que los docentes entre marzo y junio perdieron oportunidades laborales por encontrarse abocados al plan, esperando la resolución, imprimieron materiales con sus propios recursos», completó.

Déficit de docentes

En un extenso escrito, el docente y dirigente gremial Víctor Hutt, denunció que el sistema educativo está en emergencia, porque a las falencias antes mencionadas se le suma el déficit de maestros y maestras en las aulas. «Hoy en Entre Ríos estamos en emergencia educativa, porque falta lo esencial del acto educativo, maestros y maestras. Ya hace años que venimos mal con la cantidad de maestras y maestros para nuestras escuelas, no es nuevo, pero se están profundizando las causas que lo generan y no están apareciendo las medidas necesarias para solucionarlo en lo inmediato ni en el largo plazo», argumentó.

Bajo el mismo enfoque consideró que «ante la falta de maestras se recurre a permitir trabajar en dos cargos, algo que no es compatible y se permite por excepción, lo cierto es que la provincia está repleta de maestros con dos cargos, porque nos quedamos sin disponibilidad de maestros», y concluyó diciendo que «el trabajo de una maestra en dos cargos es una situación extrema, por un lado porque esas maestras trabajan 10 horas frente a alumnos más todas las horas que dedican en sus casas, superan ampliamente las 8 horas que son un derecho universal consagrado en nuestro país hace muchas décadas y esa misma hiper explotación redunda en una baja en la calidad educativa».