Causa Bolsafé a juicio oral

Redacción de El Litoral

El juez Federal N° 2, Francisco Miño, elevó este martes a juicio la primera parte de la causa “Bolsafé Valores”, que tiene como principal investigado al contador Mario Rossini y a su equipo de colaboradores, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” en perjuicio de 408 damnificados por una suma estimada en 251 millones de pesos.

Finalmente, el requerimiento de elevación a juicio solicitado el 23 de febrero por el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, superó las sucesivas etapas de apelaciones promovidas por las defensa de los acusados y el año que viene podría llevarse a cabo el juicio oral.

El 26 de abril último “se resolvió no hacer lugar a la nulidad del requerimiento de elevación, a la oposición a la elevación a juicio y a los sobreseimientos solicitados por las defensas técnicas de 8 de los imputados”; no obstante restaba correr traslado a los actores civiles para que concreten las correspondientes demandas, por lo que una vez completado este paso la causa pudo elevarse.

Los imputados en este primer tramo de la investigación son: Mario José Enrique Rossini, su hermano Omar Santos Francisco Rossini; y el equipo de colaboradoras y empleadas que se desempeñaban en la empresa de valores, Marisa Laura Valdez, Daniela Laura Reatti, María Mercedes Leiva, Miriam Analía Sabella, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Carolina Fany Pavarín.

El principal investigado -Mario Rossini-, se encuentra procesado en carácter de autor del delito de “defraudación por administración fraudulenta”, como delito continuado, en concurso ideal con “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”, este último desde el 28 de diciembre de 2011.

La causa Bolsafé está dividida en tres grupos. En primer lugar, se encuentra la gente que rodeaba y desarrollaba las actividades de las empresas Bolsafé Valores y BV Emprendimientos; el segundo grupo es el que nuclea a las entidades bancarias, Banco Galicia y Valfinsa; y el tercer sector eran quienes debieron ejercer el control desde el Mercado de Valores del Litoral.