Causa Bolsafe: nuevas audiencias de suspensión de juicio a prueba

El próximo lunes 24 de junio se realizarán dos audiencias de suspensión de juicio a prueba, solicitadas por sendas ex empleadas de las firmas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos SA, imputadas como partícipes principales de una estafa millonaria que perjudicó a 408 ahorristas, cuando el contador y operador financiero, Mario Rossini, cerró sus puertas en diciembre de 2012. Será ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, donde la semana pasada se llevaron a cabo los primeros dos pedidos de probation, que tuvieron dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal (MPF) y cuyos fallos se encuentra a resolución.

Las audiencias se dan en el marco de la elevación a juicio realizada a fines de 2017 por el juez Federal N° 2, Francisco Miño, a instancias del fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez, que cerró la primera de tres etapas de un compleja trama en la que se investigan delitos que afectaron tanto a particulares como al orden económico-financiero.

En esa primera etapa, la acusación recayó sobre el contador Mario José Enrique Rossini, de 66 años, quien figuraba como principal responsable de las empresas Bolsafe Valores y VB Emprendimientos, así como a su círculo de empleados y colaboradores directos.

En total, en esta primera etapa, son nueve las personas procesadas. En el caso del contador Rossini, en su carácter de autor de los delitos de “defraudación por administración fraudulenta” en concurso ideal con “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”; figura legal que comparte en coautoría con la contadora María Mercedes Leiva (44); en tanto su hermano, el abogado Omar Santos Rossini (64), lo está como coautor de la administración fraudulenta. Las otras seis procesadas eran empleadas, integrantes del staff de Bolsafe Valores, consideradas “partícipes primarias” de la maniobra ilícita.

De cara a lo que se avizoraba como un juicio oral histórico, las defensas de siete de los nueve acusados hicieron ante el TOF planteos de suspensión de juicio a prueba y los primeros dictámenes favorables firmados por el fiscal general Martín Suárez Faisal, generaron todo un revuelo en el ambiente judicial, provocando el inmediato repudio de las querellas, que representan al colectivo de víctimas.

Dictamen favorable

La semana pasada, se celebraron las dos primeras audiencias en la sala de calle Primera Junta y 9 de Julio. En uno de los casos la imputada Daniela Laura Reatti ofreció el 25 % de su salario como empleada administrativa en una compañía de seguros, monto que no podrá ser inferior a $ 10.000, y que deberá ser depositado mensualmente durante dos años en una cuenta a nombre del tribunal, donde se conformará un fondo -posiblemente a plazo fijo-, que una vez finalizado el proceso estará destinado a resarcir a las víctimas.

Además, la mujer de 41 años, realizará trabajos comunitarios en Casa Cuna, dos veces por semana durante dos años; así como una donación de pañales por el mismo término; y entregará una computadora equipada por única vez.

En el segundo caso, María Lorena Molinas (43) propuso la donación del 25 % de su sueldo, actualmente como empleada del Estado provincial, y que no podrá ser inferior a $ 10.000 mensuales. A diferencia de su ex compañera de trabajo, ésta última realizará los depósitos mensuales durante 36 meses; además de iguales tareas comunitarias y donaciones.

Aunque la reparación ofrecida luce exigua en relación a la defraudación, tasada en 2016 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en $ 251.000.000, desde el MPF aseguran que la propuesta se condice con las posibilidades reales de las imputadas -sus sueldos rondan los $ 50.000- de intentar reparar el daño. Como medida previa, la fiscalía solicitó una serie de informes personales -sobre reincidencia- y patrimoniales -ante Anses, Afip, Registro de la Propiedad, etc.- que dan cuenta de la situación de cada una de las ex empleadas que quedaron involucradas en la maniobra.

Primer rechazo

Asimismo, el fiscal Suárez Faisal se refirió a los dictamen favorable y dijo que las imputadas “no tienen antecedentes penales” y los delitos por los que se encuentran procesadas “tienen pena de ejecución en suspenso”. Además recalcó que recurrir a la vía de la probation “es un derecho del imputado que no se le puede negar”. Por último, sostuvo que “es un pedido que se hace al tribunal y la función del fiscal es opinar si está de acuerdo o no”, pero que luego serán los jueces quienes resuelvan su conceden o no el beneficio.
Hasta el momento, el tribunal que preside el Dr. José María Escobar Cello, junto con sus pares María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, no se ha expedido al respecto y se presume que lo hará una vez que finalicen todos los planteos. En tanto, se aguarda por las audiencias previstas para el próximo lunes, en este caso para María Laura Valdez y Patricia Lorena Berrino. En cuanto a la contadora Carolina Fany Pavarín hasta ahora no se había fijado audiencia.

Por último, la fiscalía rechazó la suspensión de juicio a prueba para el abogado Omar Rossini; y no se descarta que adopte la misma tesitura en cuanto a la contadora Mercedes Leiva, que completan la lista de quienes reclamaron la alternativa al juicio oral. En tanto, la contadora Miriam Analía Sabella hasta el momento no se acogió al beneficio; lo mismo que el principal acusado Mario Rossini.

Mensaje a las víctimas

“Las víctimas se pueden quedar tranquilas de que se está trabajando responsablemente” y que “la fiscalía está plenamente abierta para brindar la información necesaria para que los damnificados conozcan la realidad sobre el proceso”, dijo el fiscal general Martín Suárez Faisal, al explicar por qué dio dictamen favorable a dos pedidos de suspensión de juicio a prueba formulados la semana pasada.

En tal sentido, insistió en que se encuentra “a disposición de las víctimas para dar las explicaciones correspondientes sobre cada uno de los casos” tratados; aunque aclaró que “la opinión favorable del fiscal no es definitiva, sino que es el tribunal el que debe decidir” si concede o no el beneficio. Además, destacó que el reclamo patrimonial no se ve obstruido con la medida, sino que por el contrario “queda subsistente la acción civil” ante la Justicia Federal.

También sostuvo Suárez Faisal que “según la acusación fiscal” realizada en primera instancia, “la pena en expectativa es de 2 a 6 años de prisión” y no de 2 a 50 como pretende la querella, “porque los delitos son en concurso ideal” es decir “un solo delito que se prolongó en el tiempo” por lo que encuadra dentro de los requisitos de la probation.

Por último, y ante las sospechas generadas desde algunos ámbitos, sostuvo que “no hubo contacto ni encuentros previos con los imputados ni con sus abogados defensores” a los fines de acordar las salidas alternativas al juicio oral.

Preocupación de la querella

Durante las primeras dos audiencias de suspensión de juicio a prueba, la voz discordante fue la del abogado Leandro Corti, quien representa a uno de los grupos de querellantes de la causa Bolsafe. En nombre de las víctimas, Corti manifestó su “sorpresa” por “la actitud que ha asumido el MPF en cuanto que dio el consentimiento” en los dos primeros trámites, lo que “demuestra que no hay una coordinación con los tres grupos de querella”.

El profesional consideró “preocupante” la posición fiscal “en cuanto al rumbo que puede tomar la causa” y postuló “”cuatro razones” por las cuales se opuso al beneficio y adelantó que recurrirá a casación en caso de que fueran concedidas por el tribunal.

“Entendemos que el artículo 76 bis que es el que plantea la suspensión del juicio a prueba tiene obstáculos legales que son insalvables en este caso. Por eso nos causa sorpresa el dictamen favorable del fiscal”, destacó Corti. En primer lugar, postuló que por “la calificación legal de los hechos (administración fraudulenta en 74 oportunidades y captación irregular de ahorro público, agravado por haber utilizado medios masivos de difusión) la tasación real de la pena en expectativa va de 2 a 50 años de prisión, por eso decimos que si hacemos un pronóstico, lejos estaríamos de una pena de ejecución condicional”.

Segundo, “decimos que no ha habido propuesta reparatoria seria que demuestre la voluntad” de resarcir el daño causado, dado que el primer ofrecimiento fue de $ 30.000, cuando se trata de una estafa de millones. En tercer lugar, Corti señaló que no se consideró “la pena de inhabilitación especial” que marca la ley, y que si bien “se puede dar la probation en tanto y en cuanto el imputado asuma como regla de conducta la inhabilitación, ésta so se ha planteado” “ni fue ofrecida”.

Por último, consideró como grave que “un delito e semejante envergadura, que está calificado como un caso de criminalidad económica organizada, como uno de los casos emblemáticos de fraudes bursátiles en la historia de la provincia por lo menos y del país también”, se resuelva por la vía de la probation. “Son circunstancias que sumadas al monto de la defraudación, la cantidad de imputados, las característica de la maniobra, el nivel de sofisticación que tuvo por los distintos actores que intervinieron, generaría una minimización de la relevancia que tiene el suceso como fenómeno de delincuencia organizada, fragmentándolo de modo tal que queden unos pocos imputados en la instancia de juicio oral y público y otros sean beneficiados con la suspensión de juicio a prueba lo cual debilita notoriamente la acusación a la hora del juicio”.