Dictaron prisión preventiva a exlegislador de Salta por intento de soborno

La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, junto con la Fiscalía del Distrito de Salta, amplió la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero. La medida se tomó tras comprobarse que el acusado habría intentado sobornar a un auxiliar fiscal con el objetivo de influir en la causa en la que ya estaba siendo investigado.

El exlegislador quedó ahora imputado por cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. Según se expuso, el ofrecimiento de dinero buscaba interferir en el proceso judicial en el que Cisnero ya estaba involucrado por presunta asociación ilícita y contrabando agravado.

Durante la audiencia de formalización, se detalló que la maniobra incluía un intento concreto de garantizar beneficios judiciales a cambio de dinero, lo que agravó su situación procesal.

Prisión preventiva

La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, resolvió revocar la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que había sido otorgada previamente. En su lugar, dispuso la prisión preventiva por un plazo de 60 días.

La misma medida fue aplicada a un segundo imputado, identificado como J. M. A., quien habría actuado como intermediario en el intento de soborno. A este acusado se le atribuyó el delito de cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro.

Una conversación grabada

La investigación avanzó a partir de una reunión pactada entre el intermediario y un empleado de la fiscalía. El funcionario accedió al encuentro y registró la conversación, que luego fue presentada como prueba durante la audiencia.

En ese registro, el intermediario ofreció dinero de manera explícita: “Te voy a decir la verdad, la pura. La justa, la justa y la verdad. Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”. Además, señaló que el exdiputado estaba dispuesto a aportar dinero a cambio de garantías judiciales que evitaran su detención.

Peritajes y avance de la causa

En paralelo, la Justicia autorizó la realización de peritajes sobre distintos dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos recientes. Entre ellos se incluyen teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros equipos informáticos que podrían aportar nuevas pruebas a la investigación.

Antecedentes del caso

Cisnero ya se encontraba bajo proceso penal desde septiembre del año pasado, cuando fue detenido e imputado por asociación ilícita y contrabando agravado. La causa está vinculada a una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala, en la que habrían participado múltiples personas.

La ampliación de la imputación y la decisión de dictar prisión preventiva profundizan la situación judicial del exlegislador, en un expediente que continúa en desarrollo y que suma nuevos elementos de prueba.