Condenaron a tres cuatreros del norte santafesino: prisión, multa e inhabilitaciones

Puntualmente, a las 11 del martes dio comienzo la audiencia de lectura de sentencia en el juicio seguido a tres sujetos por el abigeato de 40 cabezas de ganado ocurrido en un campo ubicado al oeste de Los Amores.

Tras un proceso que duró una semana, el tribunal unipersonal integrado por el juez Sergio Alberto Olivera resolvió condenar a Francisco Osvaldo Monzón, trabajador rural, y a Jorge Darío Mendoza, ganadero y comisionista de hacienda, como autores penalmente responsables del delito de abigeato agravado por ser más de cinco cabezas de ganado y la utilización de medios motorizados para su transporte, la utilización de guías de tránsito falsas.

El fiscal del MPA concluyó que "si bien los tres condenados llegaron en libertad al juicio oral, ya pedimos a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) la realización de la correspondiente audiencia para el tratamiento de las medidas cautelares".

También sumó como calificantes la participación en el hecho de una persona que se dedica al cuidado y a la comercialización de ganado o vacuno, la participación de un funcionario público y de tres personas, a la pena de 5 años y 4 meses de prisión de ejecución efectiva.

La sentencia conllevó la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para participar en actividades de crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado de productos o subproductos de origen animal y una multa de 500.000 pesos más accesorios legales y costas para cada uno.

En el fallo, el magistrado penó a César Alberto Sosa, policía en actividad al momento del hecho, como coautor penalmente responsable del delito de abigeato agravado por ser más de cinco cabezas de ganado e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena para el ejercicio de la función pública, más una multa de 500.000 pesos.

En representación del Ministerio Público de la Acusación actuó en fiscal Leandro Benegas, que había pedido una condena a 8 años de cárcel; como defensor del imputado Mendoza, el Dr. César Luis Pérez y como defensores de los acusados Monzón y Sosa, los doctores Sixto González y Agustín Bergel.

El robo de hacienda ocurrió en un campo de jurisdicción de Los Amores, 15 kilómetros al oeste del pueblo, propiedad de la firma Los Moros.

Documentos apócrifos

En las audiencias del juicio, el fiscal indicó que "los tres hombres actuaron de forma coordinada" y puntualizó que "el ilícito fue cometido en junio de 2016 en un establecimiento agropecuario ubicado a 15 kilómetros al oeste de Los Amores", propiedad de la firma Los Moros.

Benegas sostuvo que "los coautores del ilícito se apoderaron de 40 novillos", y especificó que "20 cabezas de ganado pertenecían a los dueños del campo y las demás, a diferentes pastajeros". Al respecto, especificó que "sustrajeron los animales con el fin de venderlos por 468.000 pesos –de acuerdo al valor del kilo en pie en ese momento– a un frigorífico de la ciudad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires".

El robo de hacienda ocurrió en un campo de jurisdicción de Los Amores, 15 kilómetros al oeste del pueblo, propiedad de la firma Los Moros.

"Sosa se aprovechó de sus funciones como policía para autorizar el traslado de los novillos en un camión jaula con documentos de tránsito apócrifos", precisó el funcionario del MPA. "En los permisos que emitió de manera ilegal, omitió especificar la señalización y marca de los vacunos, entre otros datos", detalló.

Benegas destacó que "debido a las irregularidades que presentaba la documentación, los animales fueron secuestrados en un operativo desplegado por agentes de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas en la localidad de General Lagos (departamento Rosario)". Según puntualizó, "los novillos fueron llevados hasta Vera, donde fueron reconocidos por sus propietarios y luego restituidos".

El fiscal del MPA concluyó que "si bien los tres condenados llegaron en libertad al juicio oral, ya pedimos a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) la realización de la correspondiente audiencia para el tratamiento de las medidas cautelares".