Preocupación por el escrache a la casa del fiscal de Esperanza

La muerte de un esperancino de 32 años ocurrida a fines de octubre desencadenó un fuerte reclamo de sus familiares para con el titular de la Fiscalía de Las Colonias, Alejandro Benítez, a quien escracharon en su casa el viernes pasado, tras manifestarse públicamente en la plaza San Martín y frente a la fiscalía de calle Berutti al 1500.

El ataque a la vivienda particular del funcionario judicial, que es esperancino y vive en el radio céntrico junto a su familia, se produjo el pasado viernes en horas de la tarde, cuando allegados a Jona Herrera se acercaron a pedirle explicaciones que el funcionario ya había dado en el momento y lugar oportuno.

El fiscal Benítez no se encontraba en su casa cuando se enteró que un grupo de personas se manifestaba en las inmediaciones, por lo que al regresar, protagonizó un acalorado cruce con los reclamantes. Según fuentes del lugar, el desborde del funcionario se debió a que su familia se encontraba atravesando el duelo por la reciente pérdida de su suegro y porque en su casa se encontraban sus hijos que son menores de edad.

Sin violencia

En cuanto al caso, se trata de la investigación por la muerte de Jonathan Darío Herrera (32) cuyo paradero fue solicitado el domingo 23 de octubre e irradiado por las autoridades policiales del departamento Las Colonias y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con autorización del fiscal Benítez.

El viernes 28 de octubre por la tarde, en una zona rural ubicada entre las calles Chaco (extensión Sur de Rivadavia) y Montalbetti, fue hallado el cuerpo de Herrera, con signos de ahorcamiento. En las inmediaciones también apareció la bicicleta del buscado.

Comunicado el hecho al fiscal, se ordenó la presencia de peritos y el levantamiento del cadáver, según los protocolos habituales. Se llevó a cabo la autopsia, cuyo resultado descartó indicios de que la víctima hubiera sufrido un ataque u otro rastro de violencia.

Sospechan homicidio

Sin embargo, dado el contexto personal de la víctima -amistades y vínculos con la droga-, sus familiares comenzaron a plantear sospechas en cuanto a que se estaría ante un homicidio. Las inquietudes fueron planteadas al propio fiscal, que recibió a familiares de Herrera en el edificio público de la fiscalía y les informó del legajo, el cual iba a ser enviado para su seguimiento por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

No obstante, los deudos del fallecido continuaron empecinados en su teoría del caso, más allá de que fuentes de la investigación aseguran que "está prácticamente descartado el homicidio", tanto por el resultado de la autopsia como por el resto de los elementos investigativos.

Bajo esas circunstancias los familiares fueron a la casa del Dr. Benítez a escracharlo el viernes último. Lo llamativo del caso radica además en que se sabía que se iba a hacer una marcha. Lo sabían los medios locales, por ende también lo sabía la policía de prevención, que lejos de impedir la llegada al domicilio del funcionario escoltó a los manifestantes.

Fiscales preocupados

Por el lamentable episodio que debió atravesar la familia del fiscal Alejandro Benítez -que ya había brindado las explicaciones-, la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado a través del cual expresó su preocupación por lo sucedido.

"Las críticas que distintos actores pretendan realizar a la actividad fiscal no justifican de ningún modo los agravios dirigidos de forma personal, los escraches y las manifestaciones injuriantes", señalaron. "No pueden ni deben naturalizarse las agresiones en los domicilios particulares de los funcionarios judiciales. No debe olvidarse que este tipo de ataques impacta no tanto en el Dr. Benítez, sino más bien en su familia, sus hijos menores de edad y su reservado ámbito de intimidad", destacaron sus colegas en un escrito conjunto.

Asimismo, reiteraron que "tales comportamientos no construyen un camino de solución, y menos aún edifican el diálogo democrático que permite la solución pacífica de los conflictos sociales".

Y por último, hicieron un llamado a "las agrupaciones sociales, políticas y a la sociedad en general que eviten las descalificaciones públicas, las manifestaciones injuriantes y los escraches, y dirijan sus peticiones a través de los canales institucionales legalmente previstos".