Imputan por amenazas y prevaricato a dos abogados del Servicio Público

De la Redacción de El Litoral

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Dos abogados del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) -José Luis Estévez (h) y Fabiana Pierini- fueron citados a audiencia imputativa a raíz de la presunta comisión de delitos en el marco del denominado caso Díaz, informaron desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación.

Ambos representantes del Servicio Público deberán presentarse el próximo miércoles (4 de noviembre) a las 8 y a las 8.30 en la Unidad Fiscal de Vera.

La citación a Estévez (h) y a Pierini está relacionada con lo ocurrido el miércoles 16 de septiembre en la alcaidía de la ciudad de Vera. En esa oportunidad, la menor G.D. fue llevada mediante engaño por su abuela, por su tía y por su hermana mayor a la celda en la que estaba su padre Manuel Díaz, ex empleado del Servicio Público de la Defensa acusado, imputado y privado de su libertad preventivamente por haberla violado en al menos dos oportunidades.

Los fiscales Aldo Gerosa, Leandro Benegas y Martín Gauna Chapero acusaron a los abogados por los delitos de “usurpación de autoridad en calidad de autor”, “amenazas coactivas varias” y “prevaricato”, todos ellos en calidad de autor. Además, Estévez (h) y Pierini serán imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad coactiva”, en calidad de partícipes secundarios.

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“Todos los hechos que fueron verificados el 16 de septiembre con diversas evidencias, en principio, sólo podrían explicarse si los defensores citados a imputativa tenían conocimiento total o parcial del plan ideado por Díaz para que la víctima modificara su denuncia y acusara a su madre”, señaló Gerosa.

Abuela y tía

Por los mismos hechos, los fiscales del MPA imputaron a fines del mes pasado a Juana Margarita Zárate y Liliana Díaz, abuela y tía paternas de la víctima. Los delitos atribuidos a las dos mujeres fueron “amenazas coactivas” y “sustracción, retención u ocultamiento de una persona, con el fin de obligarla a hacer algo contra su voluntad”, en concurso real, todo agravado por la intervención de la hermana de la víctima, que es menor de edad.

Además, por lo ocurrido en la alcaidía de Vera, los fiscales imputaron a un total de siete policías.

Se trata del ex jefe de la alcaidía de Vera, comisario Guillermo Starcevich; al oficial de guardia Carlos Paniagua; al suboficial Juan Sánchez; y al oficial Fabricio Visconti. A los cuatro policías se los investiga por los delitos de coacciones; compelimiento agravado por la edad de la víctima y por la cantidad de participantes; e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Starcevich también fue imputado por el delito de cohecho.

También fueron imputados el ex jefe y el ex subjefe de la Comisaría Primera de Vera, Claudio Fernández y Fernando Gómez, respectivamente, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de un delito. En tanto, el comisario Atilio Ceferino Visconti, quien también prestaba funciones en la Comisaría Primera de la ciudad del norte provincial fue imputado por los delitos de coacciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El dato Sin defensa. Si bien en la audiencia de ayer Manuel Díaz contó con la asistencia letrada de la Dra. Fabiana Pierini -Estévez renunció a la defensa una semana después del episodio de la Alcaidía-, ésta se apartó del caso tras ser notificada de la reciente imputación en su contra formulada por el MPA. Por ese motivo, la audiencia prevista para esta mañana, en la que iban a acusar a Díaz por “privación ilegítima de la libertad coactiva, triplemente agravada y también agravada por la intervención de una menor de edad, en concurso real con amenazas coactivas”, se encontraba virtualmente suspendida por la falta de defensa técnica.

Modifican la calificación Manuel Alcides Díaz fue trasladado ayer desde la cárcel de Las Flores a la Alcaidía de Vera para una nueva audiencia imputativa, en la que los fiscales ajustaron la calificación legal por el segundo hecho de abuso sexual que pesa en contra del imputado. Un análisis de ADN realizado en el marco de la causa determinó que Díaz no es el padre biológico de la menor abusada, por lo que se realizó una nueva audiencia a cargo del juez Gonzalo Basualdo. “Se ordenó la imputación teniendo en cuenta que se le quitó el calificante por el vínculo familiar porque Díaz no es el padre de la víctima”, confirmó una fuente del caso, aunque advirtió que esto no cambia en nada la situación del preso, al que le atribuyeron responsabilidad “por el vínculo jurídico” que existía entre víctima y victimario. Actualmente Díaz quedó imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el responsable del cuidado y de la guarda de la menor; y por el daño físico y psicológico causado”; más la “desobediencia al mandato judicial” que le había sido imputado en su momento. A pesar del cambio, los agravantes dejan a Díaz al borde del juicio oral, con penas que van de los 8 a los 21 años de prisión, en caso de resultar condenado.