Empresarios implicados en narcotráfico y lavado recuperan libertad

La causa por narcotráfico que se desprendió del megaoperativo realizado el lunes 31 de marzo, con más de 16 allanamientos en domicilios, una agencia de turismo donde también funciona una casa de cambio y celdas de varias unidades penitenciarias, sumó este jueves un nuevo capítulo en los Tribunales de Venado Tuerto.

En la sala 2 se desarrolló la audiencia imputativa y cautelar para dos de los empresarios investigados, quienes finalmente recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a una serie de estrictas medidas de conducta.

La audiencia fue presidida por el juez Leandro Martín, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, quien durante varias horas expuso en detalle las imputaciones formuladas contra Jorge K. (72) y Ezequiel A. (47), ambos alcanzados por la investigación que busca esclarecer el funcionamiento de una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes con base en Venado Tuerto.

Luego de varias horas se dio lectura de cargos, mientras que las partes alcanzaron un acuerdo que permitió que ambos imputados transiten el proceso en libertad.

Las imputaciones

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Ezequiel A. fue imputado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes, una calificación que lo ubica con un grado de intervención relevante dentro de la maniobra que se investiga.

En tanto, Jorge K. fue imputado por comercialización de estupefacientes y además por tenencia de armas de guerra, en relación con los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco del operativo.

La defensa de los acusados quedó a cargo de la abogada Ana María Regidor, por Ezequiel A., y del letrado rosarino Jorge Resegue, en representación de Jorge K.

Las condiciones impuestas

Si bien ambos recuperaron la libertad, el juez dispuso una serie de restricciones que deberán cumplir mientras avance la investigación. Entre las medidas fijadas figura el embargo de un inmueble ubicado en calle Junín por un monto de 60 mil dólares, además de la prohibición de salir del país.

También se ordenó que no puedan mantener contacto con otros implicados en la causa, así como la prohibición de modificar planillas vinculadas a cajeros, un punto que aparece mencionado dentro de la investigación en curso.

La causa sigue abierta

Con esta resolución, los dos empresarios continuarán sometidos al proceso judicial, aunque sin prisión preventiva. La investigación, en tanto, seguirá avanzando tanto en la esfera provincial como en la federal, en una causa de fuerte impacto regional que intenta reconstruir el alcance y la operatoria de una supuesta estructura narcocriminal asentada en Venado Tuerto.