Nueva instancia judicial en la causa por la compra de armas para la Policía de Santa Fe

La causa que investiga un presunto direccionamiento de la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe volverá este viernes a los tribunales. Desde las 10 de la mañana, el Colegio de Jueces Penales de segunda instancia celebrará una audiencia oral en la Sala 5 para analizar los recursos interpuestos contra la resolución que definió la etapa preliminar del proceso.

La audiencia estará presidida por la camarista Martha Feijoó y tendrá por objeto revisar distintos aspectos de la decisión dictada el 26 de marzo por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, José Luis García Troiano, quien dispuso la apertura del juicio oral para tres de los imputados y el sobreseimiento del restante.

Todos los imputados fueron citados a la audiencia y permanecen en libertad. Se trata del ex ministro de Seguridad Marcelo Fabián Sain; el ex secretario de Seguridad Pública Esteban Germán Montenegro; el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas; y el ex jefe del Departamento D4 (Logística) de la Policía, Marcelo Leandro Correa.

Qué revisará la Cámara

La audiencia reunirá los recursos de apelación que fueron declarados admisibles mediante una resolución dictada el 28 de mayo de 2026 por la camarista Feijoó, quien habilitó formalmente la revisión de los planteos formulados por las partes contra la decisión de primera instancia.

La defensa de Sain, Montenegro y Novas insistirá con los cuestionamientos rechazados durante la audiencia preliminar. Entre ellos, volverá a plantear la prescripción de la acción penal, supuestos vicios formales de la acusación, la atipicidad de las conductas atribuidas y la inexistencia de perjuicio para el Estado.

También objetará la legalidad de distintas medidas probatorias, como las requisas y secuestros, la cadena de custodia de la evidencia y la incorporación de información extraída de teléfonos celulares, cuya obtención considera lesiva del derecho a la privacidad. Asimismo, insistirá con la incorporación de testigos cuya declaración fue rechazada por el juez de primera instancia.

En sentido contrario, la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación y la querella ejercida por la Fiscalía de Estado apelarán el sobreseimiento de Correa, al considerar que existen elementos suficientes para que también sea juzgado junto al resto de los acusados.

Participarán de la audiencia los fiscales Ezequiel Hernández, Matías Broggi y el fiscal de Cámara Carlos Arietti. Las defensas estarán representadas por los abogados Hernán Martínez, Ulises Bianchi y Diego González; mientras que la querella lo hará a través de Gabriela Waibsnader, Paola Landa y Leandro Mega, en representación del fiscal de Estado, Domingo Rondina.

La resolución apelada

La audiencia tiene como antecedente la resolución dictada el 26 de marzo de 2026 por el juez García Troiano, mediante la cual concluyó la etapa preliminar de la causa.

En esa decisión, el magistrado admitió la acusación contra Sain, Montenegro y Novas como presuntos coautores de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública.

Para el ex ministro la fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua, mientras que para los otros dos ex funcionarios requiere cuatro años de prisión e igual inhabilitación.

Según la acusación, la maniobra consistió en direccionar el proceso licitatorio iniciado en 2020 mediante un pliego confeccionado con requisitos que favorecían a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante en Argentina de la empresa israelí IWI.

La investigación sostiene que las especificaciones técnicas fueron elaboradas a partir de documentación comercial de esa empresa, que se diseñó una licitación en un único renglón para restringir la competencia y que los valores ofertados superaban ampliamente los precios de referencia del mercado.

El procedimiento contemplaba la compra de 12.000 pistolas Jericho calibre 9 milímetros, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, con un presupuesto superior a los 1.400 millones de pesos. La operación finalmente no se concretó tras las impugnaciones de otras empresas y las observaciones formuladas por la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.

En la misma resolución, García Troiano sobreseyó a Correa al considerar que había actuado bajo órdenes de sus superiores y que no se encontraba acreditado el interés personal exigido por el tipo penal. Ese aspecto, junto con los planteos rechazados a las defensas, será ahora objeto de revisión por la Cámara de Apelaciones antes de que la causa continúe su trámite hacia el juicio oral.