Piden traslado a una cárcel federal para la "Curandera"

El desmadre en el manejo del sistema penitenciario santafesino quedó plasmado, esta vez, en una nota enviada por autoridades del propio servicio provincial a un juez federal, solicitando el traslado de una interna de "alto perfil" a una cárcel Federal.

El pedido fue ingresado el viernes 4 de marzo por Mesa de Entrada del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, dirigido al juez Reinaldo Rodríguez, mediante la cual el SPP requiere autorización para enviar a la "Curandera" Vanesa Marcela Saravia a una dependencia fuera de la órbita del territorio provincial.

La mujer, detenida a fines de 2019 con 147 kilos de cocaína en una lujosa casa de Guadalupe residencial, fue condenada en octubre pasado a 10 años de prisión, como líder de una organización dedicada al almacenamiento, tenencia y comercialización de estupefacientes.

Un teléfono en la ventana

Actualmente se encuentra alojada en la Sub-Unidad 2° del Complejo Penitenciario de Rosario, donde el viernes 25 de febrero se secuestró un teléfono celular en la ventana de su celda. El allanamiento fue solicitado por el fiscal Federal Nº 1 de Santa Fe, Gustavo Onel y ordenado por el juez Rodríguez, "a raíz de intervenciones telefónicas vinculadas a la naco condenada Marcela Vanesa Saravia, alias la 'Curandera'".

Para el fiscal Onel, la mujer continuaba al frente del negocio ilícito a pesar de encontrarse tras las rejas. Y para ello, se servía de un celular, cuyo uso está expresamente prohibido en los centros penitenciarios de la provincia.

Además de las escuchas telefónicas, la justicia ordenó allanar a uno de los contactos de la Curandera y logró el secuestro de más de medio kilo de cocaína en la ciudad de Santa Fe, así como la detención de su interlocutora.

Medio kilo de cocaína

El procedimiento, que fue llevado a cabo el 22 de febrero por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Santa Fe, permitió incautar 533,8 gramos de cocaína de alta pureza, 1160.5 gramos de sustancias de corte, doce teléfonos celulares, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa.

Además, se produjo la detención de Verónica Celeste F., la cual fue indagada la semana pasada por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" en calidad de coautora.

Por el mismo motivo, Saravia fue trasladada a Santa Fe el viernes pasado para ser indagada, en lo que se presenta como una nueva causa judicial en su contra. Durante el acto, estuvo acompañada por su abogado particular, Luis Carlos Rittiner, y se abstuvo de prestar declaración.

Además, se presume que el 9 de febrero, la Verónica F. "asistió a la U5 de Rosario, posiblemente ingresando estupefacientes y elementos no autorizados", destinados a Saravia. Según indica el fiscal Onel, fue a partir de la intervención de una línea telefónica que "surgen numerosas conversaciones entre Verónica F. y Saravia, en las cuales ésta le proporciona indicaciones sobre venta de estupefacientes, distribución, e ingreso de sustancia a dicho establecimiento penitenciario".

Pandemia y contacto

A partir de estos acontecimientos, el fiscal federal de Santa Fe formalizó el pedido al juez Rodríguez para que active medidas tendientes a frenar el accionar ilegal. En el escrito, Onel hace mención a la obligación de instalar "inhibidores" de señal en los pabellones; y a una orden interna que "dispone que no se permitirá el uso de dispositivos móviles por parte de internos considerados de alto perfil".

Y si bien reconoció que la pandemia modificó ciertos usos y costumbres -ante la prohibición del ingreso de la visita-, también destacó el descalabro que ello implicó, al exponer que "en los primeros 8 meses de 2020 se incautaron en penales provinciales, unos 3691 teléfonos celulares" siendo la gran mayoría en Piñero (1148), Las Flores (1058) y Coronda (836).

"Particularmente, en distintas causas en trámite por ante esta Fiscalía Federal, se han identificado dos casos de internos de alto riesgo criminológico, que utilizan desde sus respectivos centros de detención, apartados de telefonía celular para cometer delitos vinculados a la comercialización de sustancias estupefacientes", sintetizó Onel. La referencia era para Saravia y otro interno alojado en la cárcel de Coronda -Juan Pedro "Pato" Calderón-, en prisión preventiva por el secuestro de 191,875 kilogramos de marihuana el 2 de junio del año pasado.

Reubicación y plazas

Finalmente, el viernes pasado, el Servicio Penitenciario Provincial se refirió a "la imperiosa necesidad de reubicar a la detenida en un ámbito ajeno a esta institución". Desde la Dirección de Régimen Correccional explicaron que "la presidiaria fue declarada como de 'alto perfil'", poniendo en jaque su debida atención.

Agregan que las organizaciones delictivas del tipo a las lideradas por Saravia "se caracterizan por contar con recursos logísticos, materiales, económicos y humanos que pueden generar un clima hostil dentro del ámbito penitenciario y capaz de transgredir la contención que en materia de seguridad se puede brindar en el mismo".

Aprovecharon la ocasión para referirse a la "muy reducida disponibilidad de plazas" y recordaron que el convenio entre Nación y Provincia para alojar presos federales refiere a un cupo máximo de 50 personas, el cual "se encuentra ampliamente superado".

Las autoridades penitenciarias aclaran a su vez que se encuentra prohibida la tenencia de celulares para los internos, lo que se considera una "falta grave" para su conducta, sin embargo, reconocen que "ingresan subrepticiamente al penal este tipo de aparatos de telefonía".