Santa Fe: 15 años de prisión para un hombre que violó a su sobrina

Un hombre de 32 años fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina política, durante 2017 en la ciudad de Santa Fe.

La condena a Alejandro Bracamonte fue resuelta por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Sebastián Szeifert, Pablo Spekuljak y Leandro Lazzarini, en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos fue Alejandra Del Río Ayala, quién valoró que "los tres magistrados resolvieron condenar a Bracamonte", e hizo hincapié en que "mantuvieron las mismas calificaciones penales que seleccionamos desde la fiscalía y el mismo monto de pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos".

En concreto, Bracamonte fue encontrado culpable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda y por la convivencia" y "promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda, la edad y la convivencia".

Llevarla a un hogar

De acuerdo con lo planteado en el juicio, los ilícitos fueron cometidos entre abril y noviembre de 2017, en una vivienda de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

"El papá y la mamá de la víctima quedaron privados de su libertad y estaban alojados en dependencias del Servicio Penitenciario provincial, motivo por el cual, la niña y sus hermanos estaban al cuidado de una tía materna y de su pareja, que era Bracamonte", explicó la fiscal.

"En ese contexto, la víctima –que al momento de las agresiones transitaba su escolaridad primaria– fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades en la vivienda que compartían, y también en el auto del abusador, cuando él la llevaba a hacer mandados", sostuvo.

Del Río Ayala planteó que "para cometer los abusos, el condenado aprovechó que él era uno de los adultos responsables del cuidado de la niña, la confianza que había generado y la situación de convivencia con ella".

Además, la fiscal señaló que "la víctima era muy vulnerable no sólo por su edad, sino también porque sus padres no estaban con ella, circunstancia que fue utilizada por el abusador para provocarle miedo de ser alojada en un hogar si contaba lo sucedido".

5 años después

Del Río Ayala aclaró que "la investigación de los ilícitos se inició en 2022 a raíz de que, recién cinco años después de los abusos, la víctima pudo contar sus padecimientos a una psicopedagoga de la escuela a la que asiste".

En tal sentido, remarcó que "el develamiento de los ilícitos que pudo hacer la niña en la institución educativa, fue confirmado luego en la declaración testimonial que se le tomó en cámara Gesell", y destacó que "pudo dar cuenta con precisión de la modalidad y la frecuencia de los abusos sufridos".

En las audiencias del juicio, la fiscal argumentó que "los ilícitos tuvieron la entidad suficiente para interferir en el libre y progresiva desarrollo sexual de la víctima" y remarcó que "en la actualidad, la niña sigue sufriendo las consecuencias psíquicas que producen hechos de este tipo".