Juicio a los jefes: pidieron condenas efectivas por corrupción y millonarias reparaciones económicas

Este martes se llevó a cabo la última jornada del juicio a los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola. Tanto la fiscalía como las defensas realizaron sus alegatos de clausura, y está previsto que el tribunal dé lectura de su veredicto el jueves.

La audiencia, presidida por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, se extendió desde las 8.30 de la mañana hasta la tarde. Los primeros en alegar fueron los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, quienes durante más de cuatro horas expusieron sus argumentos y solicitudes.

Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los exjefes policiales deben ser condenados a 9 años de prisión efectiva y se les debe imponer una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de una multa.

También solicitaron la reparación económica del daño al Estado, cuyo monto podría oscilar -dependiendo del cálculo que se elija- entre los 15 y los 135 millones de pesos para Odriozola, y entre los 8 y los 123 millones de pesos para Grau.

La fiscalía terminó su alocución pasado el mediodía, y a partir de las 14 fue el turno de las defensoras públicas Virginia Balanda y Mónica Echaniz, quienes representaron técnicamente a Odriozola y Grau, respectivamente.

Una participación "fundamental"

La fiscalía describió a la organización como una "asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios públicos policiales y personas particulares".

Se señaló a Facundo Testi como el organizador, y a Odriozola y Grau como los sucesivos jefes de la asociación, mientras se desempeñaron como jefes de la policía de Santa Fe en diferentes períodos. El primero entre enero y agosto de 2015 y el segundo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.

La fiscalía argumentó que estos jefes "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados". Su participación fue considerada fundamental, ya que "sin su participación no podrían haber sido llevadas a cabo" las maniobras.

El modus operandi

La mecánica delictiva consistía en la simulación de reparaciones de móviles policiales y la adquisición de repuestos inexistentes. Los fiscales explicaron que Odriozola y Grau, "en uso de su potestad jerárquica", dispusieron los medios para ejecutar los planes criminales, "habilitando el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintiendo las actividades ilícitas desplegadas".

Esto incluía la "designación o ratificación de personas de confianza en áreas estratégicas, refrendando los documentos necesarios para cubrir la maniobra, omitiendo el debido control de lo realizado por su subalterno, pertenecientes a la asociación".

Se especificó que los exjefes firmaban los cheques y convalidaban las facturas y rendiciones de cuentas para dar una "apariencia de licitud" a las operaciones. Un ejemplo claro fue la facturación de reparaciones para el móvil 5622, asignado a la custodia del gobernador y no bajo la órbita de los jefes de policía, por montos significativos.

Otro caso destacado fue el del colectivo estacionado en el patio de la jefatura, visiblemente dañado, por el cual se facturaron "el masillado y la pintura" hasta dos veces, una por cada jefe, lo que la fiscalía consideró "imposible que no haya estado a la vista de los jefes".

La pruebas

Para la fiscalía, durante el debate se produjo una "contundente prueba" para acreditar el conocimiento y la participación de los acusados. Entre los elementos probatorios, destacó:

Pericias mecánicas: De diez vehículos peritados, "en nueve no se constataron la totalidad de las reparaciones que habían sido facturadas".

Pericias planimétricas: Revelaron la "ausencia total y absoluta de herramientas, repuestos, incluso de instalaciones" en los talleres que facturaban a la jefatura de policía.

Interceptaciones telefónicas y mensajes: Demostraron la "relación fluida" entre los jefes y Testi, y revelaron reuniones clave donde se coordinaban acciones ilícitas, como la presión al jefe del D4 para que firmara documentos un día después de los allanamientos.

Testimonios clave: Desde un funcionario del Gobierno Provincial, que advirtió que el taller de la jefatura estaba desprovisto de herramientas y al averiguar se anotició de que todo debía ser dirigido a Testi, hasta policías que trabajaron bajo la órbita de los acusados y algunos miembros de la asociación ilícita que declararon como "arrepentidos".

De dichos testimonios surgió que Odriozola "conocía cuál era el circuito" y aun así "pagaba a los proveedores antes de tener los certificados de recepción definitiva". Además, que el exjefe "quitó más del 50% del personal" al Departamento de Logística (D4) y había sido advertido de que esto impedía los controles.

Un ex habilitado dijo que que Odriozola le refirió "que hay varios proveedores que le prestan el nombre a Testi y que así se evitaba superar ciertos montos en la facturación". El testigo mencionó haberle transmitido esto a Grau, cuando asumió, y que éste le dijo "que todo sigue igual, que se siga trabajando".

En esa declaración se expuso que ambos jefes recibían un sobre con dinero que provenía de los "retornos" de Testi, tanto de los trabajos inexistentes como de un porcentaje de las reparaciones realizadas.

Testi corroboró que la maniobra fue "idéntica tanto con Grau como con Odriozola". Afirmó que "el 50% era dibujo" y que el dinero "era llevado a la jefatura de la policía una vez al mes y que era entregado al habilitado o a veces directamente al jefe".

"Motivos egoístas"

La fiscalía subrayó la gravedad de los hechos y el "menoscabo a la imagen institucional del Estado Provincial". El daño actualizado al erario público asciende,a actualizado, a casi 260 millones de pesos, lo que "denota la extensión del daño ocasionado".

Entre los factores agravantes, se mencionó la edad de los acusados al momento de delinquir (Odriozola 50 y Grau 52), su profesión y máxima jerarquía policial (con rango de General), y el "vasto conocimiento que tenían de lo que son las conductas ilícitas, las cuales ellos fueron llamados en su nombramiento a prevenir y que, paradójicamente, hicieron todo lo contrario".

Los fiscales también destacaron los "motivos egoístas" de los imputados, quienes, a pesar de tener una trayectoria y salarios, buscaron "su enriquecimiento particular y de la asociación ilícita que comandaban". Se argumentó que, si bien carecen de antecedentes penales, esto "no alcanza en ninguna manera neutralizar las agravantes mencionadas".

"Severo riesgo de fuga"

La fiscalía solicitó para Rafael Ramón Grau y Omar Antonio Odriozola: 9 años de prisión, la inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos públicos, y la imposición de una multa de 90.000 pesos para cada uno.

En cuanto a la reparación del daño al Estado, se exigió la entrega del total actualizado: $259.348.193,35. De este total, se busca que Odriozola repare 135.924.709,33 pesos correspondientes a su período, y Grau 123.423.484,02 pesos. La fiscalía enfatizó que este cálculo incluye la totalidad de lo facturado y pagado a los miembros de la asociación con la firma de los jefes.

Si bien para el MPA el total es el monto "más justo y aplicable" para la reparación, propusieron una serie de cálculos -como descontar lo ya reparado por los nueve condenados en el marco de la causa- que disminuirían considerablemente el total a abonar.

Finalmente, los fiscales solicitaron la prisión preventiva para ambos imputados, fundamentando esta medida en el "severo riesgo de fuga" que deriva de la alta pena solicitada. Argumentaron que ambos "poseen medios económicos suficientes para fugarse" y que "la importancia del daño a resarcir" incrementa este riesgo.

La fiscalía concluyó que la cautelar es la "única forma en la que se puede asegurar el cumplimiento de la condena".