Vuelve a tribunales el caso del portero condenado por abuso en una escuela privada de Santa Fe

Este miércoles, el caso del portero de la escuela Monseñor Macagno volverá a los tribunales de Santa Fe. A partir de las 8.30, la Sala de Audiencias Nº 11 del tercer piso del Anexo de Tribunales será escenario de la audiencia de apelación en la que se revisará la sentencia dictada en primera instancia contra Tadeo Alejo Azcurra.

La audiencia había sido prevista inicialmente para el 25 de agosto, pero fue reprogramada para este 9 de septiembre por la Oficina de Gestión Judicial Nº 2. El tribunal estará integrado por los camaristas Jorge Andrés, Fernando Gentile Bersano y Oscar Burtnik.

La revisión tendrá como eje dos recursos. Por un lado, la apelación presentada por la defensa, que cuestiona distintos aspectos de la sentencia y solicita la absolución de Azcurra. Por otro, la impugnación parcial de la querella, que no discute la declaración de culpabilidad, sino el monto de la pena, que considera insuficiente frente a los 18 años que había solicitado durante el juicio.

La fiscalía, en tanto, estará representada por la fiscal Vivian Galeano —de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas)— y pedirá que se confirme el fallo en todos sus términos. La defensa continuará a cargo del abogado Santiago Banegas, mientras que la querella será representada por Agustina Taboada y Matías Pautasso.

Un hecho ocurrido en la escuela

El caso se inició el viernes 19 de abril de 2024, cuando una niña de 7 años, que cursaba tercer grado en la escuela Monseñor Macagno, pidió permiso para ir al baño durante el turno tarde. Al no encontrar papel higiénico, recurrió al portero, que se encontraba en un cuarto destinado al guardado de elementos de limpieza.

Según la hipótesis acusatoria y lo que posteriormente tuvo por acreditado el juez de primera instancia, Azcurra habría invitado a la niña a participar de un juego, le habría vendado los ojos con una campera y habría cometido un abuso sexual mediante acceso carnal. La escena fue descripta por la niña en entrevistas realizadas mediante cámara Gesell.

La denuncia fue radicada por los padres esa misma noche, luego de que la menor relatara lo ocurrido y mencionara un supuesto “juego del chupetín” con el “profe Tadeo”, como era conocido el trabajador dentro de la escuela.

Durante la investigación se incorporaron, entre otros elementos, las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, testimonios de docentes y dos entrevistas en cámara Gesell. También se realizó un hisopado bucal a la niña, cuyo análisis bioquímico inicial informó la presencia de semen o espermatozoides.

El juicio y la condena

El debate oral comenzó a fines de mayo y se extendió durante seis jornadas, con la declaración de alrededor de una veintena de testigos. En sus alegatos, la fiscalía sostuvo que existió una “secuencia abusiva” y que el relato de la niña encontraba respaldo en las imágenes y en otros elementos reunidos durante la investigación.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro solicitó 15 años de prisión, mientras que la querella pidió 18. Ambas partes consideraron acreditado el abuso y remarcaron el proceso de develación progresiva de la niña, además de la posición institucional que ocupaba el acusado dentro de la escuela.

La defensa, en cambio, pidió la absolución. Banegas sostuvo que la acusación no podía superar el estándar de certeza exigido en materia penal y cuestionó especialmente la reconstrucción temporal del episodio, el modo en que se obtuvo y valoró el relato de la niña y la evidencia biológica y genética.

El 3 de junio, el juez penal Lisandro Aguirre declaró a Azcurra autor de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación” y le impuso 9 años y 6 meses de prisión. La pena quedó por debajo de los 15 años reclamados por la fiscalía y de los 18 solicitados por la querella.

Qué cuestiona ahora la defensa

La apelación de Banegas profundiza algunos de los planteos realizados durante el juicio. Uno de sus ejes es la reconstrucción temporal del hecho a partir de las cámaras de seguridad.

Según la defensa, existe una ventana de aproximadamente 40 segundos durante la cual Azcurra y la niña habrían permanecido fuera del campo de las cámaras. El abogado sostiene que ese lapso resulta insuficiente para desarrollar la secuencia descripta por la acusación, que incluía el ingreso al cuarto, la invitación a jugar, el vendaje de los ojos y la consumación del abuso.

El segundo eje es la prueba biológica. La defensa señala una contradicción entre el estudio bioquímico inicial, que informó la presencia de semen y espermatozoides en los hisopados bucales, y los análisis genéticos posteriores. Según Banegas, tanto el estudio realizado por el MPA como el efectuado sobre material remanente en la Universidad de Buenos Aires no detectaron ADN masculino.

Para el abogado, esa diferencia no constituye una cuestión técnica menor, sino una contradicción que afecta el valor probatorio del hallazgo inicial. También cuestiona que no se haya realizado, según sostiene, el extendido previsto por los protocolos ni se haya conservado el preparado microscópico que permitiera un control independiente de la observación.

La defensa sostiene además que durante la segunda entrevista en cámara Gesell se habría producido una ampliación del relato de la niña que, a su criterio, debe ser examinada bajo el principio de no reiteración de entrevistas y sin perder de vista el contexto en que se produjo.

Por estos motivos, Banegas sostiene que hubo una “valoración forzada” y selectiva de la prueba y que la sentencia terminó trasladando a la defensa la necesidad de explicar inconsistencias que correspondía esclarecer a la acusación. Su pedido ante la Cámara es concreto: que se revoque la condena y se disponga la absolución de Azcurra.

Fiscalía y querella ratifica posiciones

Frente a esos planteos, la fiscalía solicitará que se mantenga la condena. Su posición durante el juicio fue que las distintas evidencias debían ser valoradas en conjunto y que las cámaras de seguridad permitían corroborar la oportunidad y dinámica general del hecho, aunque no registraran directamente lo ocurrido dentro del cuarto.

La querella también defenderá la sentencia en cuanto a la responsabilidad penal. Su única discrepancia con el fallo está relacionada con la pena: Taboada y Pautasso habían solicitado 18 años de prisión y consideran que los 9 años y 6 meses impuestos resultan insuficientes.

Así, la audiencia de este miércoles pondrá nuevamente bajo análisis el caso que comenzó con una denuncia en abril de 2024, atravesó una investigación, un juicio oral y una condena, y que ahora llega a la segunda instancia con un escenario definido: la defensa pretende revertir la declaración de culpabilidad; la fiscalía busca que se mantenga; y la querella pretende que se eleve la pena.