Ingresaron un proyecto para prohibir el uso de glifosato en la ciudad

Gastón Neffen

Twitter: @gneffen

El debate sobre el glifosato llegó al Concejo Municipal de Santa Fe. El Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y la Multisectorial Paren de Fumigarnos ingresó ayer un proyecto para prohibir el herbicida en toda la jurisdicción de la ciudad, tanto en su uso agrícola —para eliminar malezas— como urbano, ya que a veces se utiliza para desmalezar terrenos, entre otros usos más vinculados a la jardinería.

Entre los principales argumentos del proyecto (ver “Los fundamentos”), el colectivo sostiene que la Agencia Internacional para las Investigaciones sobre el Cáncer (IARC/OMS) a clasificado al glifosato como “probable cancerígeno”.

En diálogo con El Litoral, Rafael Colombo —integrante del foro— explicó que el objetivo —además de prohibir el glifosato— también es que se estudie en profundidad qué productos se utilizan (los productores los llaman agroquímicos y los ambientalistas agrotóxicos) en las quintas que siembran verduras y hortalizas en el límite urbano de la ciudad. Es un punto relevante, porque el Estado debe controlar que los productos que consumen los santafesinos son sanos.

En la Argentina, el glifosato sobre todo se utiliza para eliminar las malezas que “compiten por el agua y los recursos” con la soja, que tiene una modificación genética —la famosa soja RR que se introdujo a mediados de los 90’— que le permite resistir la acción del herbicida (ese manejo, en los últimos años se complicó porque hay más de 20 malezas que ya resisten el herbicida).

Productores y quinteros que hablaron con El Litoral aseguran que no utilizan el glifosato para controlar malezas porque no hay verduras y hortalizas transgénicas en el mercado argentino (con la excepción de un híbrido de choclo, que tiene “resistencia” contra un grupo de insectos: las isocas, y que permite una menor utilización de plaguicidas). Dicho en otras palabras: las hortalizas que se siembran en el cinturón verde “no se bancan” el herbicida y se “morirían” junto con las malezas si lo utiliza.

Lo que si se usa son plaguicidas para reducir los daños que producen los insectos en las verduras y hortalizas —también fungicidas y fertilizantes, entre otros productos—. Algunos de ellos tienen mayor toxicidad que el glifosato, de “banda verde” según la clasificación toxicológica de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

¿Quién controla que los quinteros o productores utilicen los productos con responsabilidad, receta agronómica y el menor impacto ambiental posible? Tienen jurisdicción el Ministerio de la Producción Santafesino, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria de Santa Fe (Assal), el Senasa y el Ministerio de Ambiente, entre otros organismos (el proyecto propone que también intervenga la Secretaria de Ambiente del municipio).

Además del debate sobre qué productos se pueden utilizar —que en el fondo también es una discusión sobre el modelo de producción agropecuaria—, lo que es decisivo es que los controles sean eficientes y se sancione al que contamina el ambiente y compromete la seguridad de los alimentos. Es la forma de garantizar que las verduras, frutas y hortalizas son confiables, pero ¿los controles se hacen?

Con franqueza y sin vueltas, un productor del cinturón verde le reconoció a El Litoral: “Hasta que no le ‘rompan la cabeza a uno’, los que hacen las cosas mal no se van a ordenar”.

Los ejes del proyecto

La iniciativa que ingresaron los ambientalistas ayer al Concejo propone:

— Prohibir en la ciudad la utilización y aplicación del herbicida glifosato, en todas su variantes.

— Establecer como autoridad de aplicación la Secretaría de Ambiente del municipio, que deberá llevar a cabo acciones de prevención, control y sanción de esta ordenanza. También se deben promover medidas alternativas —los ambientalistas se refieren a prácticas agroecológicas— para controlar y manejar malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza.

— Delimitar la línea agronómica y establecer una zona de resguardo libre de fumigaciones, que no podrá ser inferior a los 1.500 metros. En la demarcación es esencial proteger establecimientos educativos, centros de salud, clubes y espacios deportivos, parques, plazas y paseos.

— La utilización o aplicación de glifosato será sancionadas con multas cuyos montos mínimos y máximos ascenderán al valor equivalente de quinientos (500) a treinta mil (30.000) unidades fijas.

Los fundamentos

Entre los argumentos del proyecto, los ambientalistas sostienen que hay un estudio del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba —sobre muertes por tumores cancerígenos— que determinó que la mayor tasa de fallecimientos se produce en las zonas en las que se utilizan cultivos transgénicos y agroquímicos.

“La tasa duplica el promedio nacional. La media provincial es de 158 muertes por cada 100.000 habitantes, y en Córdoba capital es de 134,8. Pero cuatro departamentos cordobeses están muy por arriba de esos índices: Marcos Juárez (229,8), Presidente Roque Sáenz Peña (228,4), Unión (217,4) y San Justo (216,8). Es la llamada “pampa gringa”, una zona emblemática del agro de Córdoba”, advierten los ambientalistas.

En la provincia de Santa Fe —recuerda el proyecto—, se han realizado una serie de estudios que convalidan la relación entre aplicación de herbicidas como el glifosato y la proliferación de enfermedades como el cáncer.

“El Dr. Damián Verzeñassi —docente de la cátedra de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR— recorrió localidades santafesinas de menos de 10.000 habitantes y detectó un crecimiento exponencial de los casos de cáncer. Este aumento es coincidente con los cambios en el modelo de producción”, insisten los ecologistas.

Según este relevamiento, en 2008 a nivel nacional se registraban 206 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes y el promedio de las 22 localidades que se estudiaron fue de 368 casos, cada 100.000 habitantes, con un pico de 715 casos en María Susana.

Audiencia en Tribunales

Esta mañana, un grupo de vecinos de Arroyo Leyes fueron convocados a una audiencia de “constitución de querellante” por las denuncias de fumigaciones a pocos metros de viviendas familiares, una escuela primaria (Domingo Silva) y un jardín de infantes. “Venimos pidiendo que se detengan las fumigaciones ilegales cerca de nuestras casas porque pueden estar causando un daño grave o irreversible para la salud”, advirtió Facundo Viola, integrante de los vecinos autoconvocados y de la Multisectorial Paren de Fumigarnos.