Intiman a desalojar el plan en 24 horas

De la Redacción de El Litoral
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Las familias que el martes pasado usurparon por la fuerza las 180 viviendas del Plan Federal I construidas en jurisdicción de Santa Rita II fueron intimadas esta mañana a desalojar en un plazo de 24 horas las unidades habitacionales. No ocurrió lo mismo en el plan de 84 viviendas ubicado en las inmediaciones de Callejón El Sable y Aristóbulo del Valle que fue tomado el jueves. Allí, las intimaciones llegarán los próximos días.

El sábado, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, anunció que la provincia tomaría medidas para recuperar las 264 casas ocupadas en el norte de la ciudad. Concretamente, comunicó que las familias serían intimadas a irse. Con ello, el acuerdo rubricado con la Corriente Clasista y Combativa -según el cual a cada familia le iban a dar un terreno y los materiales para que se edificaran sus propias viviendas- quedó sin efecto.

El anuncio del ministro no tardó en concretarse. Esta mañana, efectivos de la Policía y personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo se presentaron en el barrio para repartir casa por casa las intimaciones y censar a los ocupantes.

El texto que recibieron las familias expresa que “en un plazo de 24 horas de recibida la nota”, el plan de 180 viviendas debe quedar desalojado totalmente de bienes y personas. También señala que fue ocupado de manera irregular y que es de público conocimiento que dichas viviendas no se encuentran en condiciones de ser habitadas. “Esta Dirección de Vivienda no tolerará bajo ningún concepto la usurpación como método de coacción y acceso a una vivienda digna, debiendo bregar por el derecho de todas las familias que necesitan una vivienda respetando los mecanismos de sorteo público”, dice la intimación firmada por Alicia Pino, la funcionaria a cargo del área. Y finaliza: “En caso de no producirse el desalojo, esta Dirección tomará las medidas administrativas y judiciales que correspondan en salvaguarda de sus legítimos derechos”.

“Vamos a quedarnos”

Al mismo tiempo que se entregaban las intimaciones, los miembros de la CCC y los jefes de las familias instaladas realizaban una asamblea. Sebastián Saldaña, el joven que lidera la organización, instó a que “nadie se vaya porque si eso ocurre perderemos fuerza”. En la reunión se resolvió permanecer en el plan ocupado.

“Tomamos este plan por un derecho constitucional, que es el derecho a una vivienda. Y acá nos vamos a quedar hasta que el gobierno resuelva nuestra situación. Están más preocupados en el tema de la ocupación que en el problema habitacional que hay en la provincia”, manifestó Saldaña a la prensa. Y agregó: “El miércoles habíamos llegado a un acuerdo y ahora salen con que no lo van a cumplir. Cada familia tiene el acta firmada ese día por Alicia Pino y avalado por un escribano. Las intimaciones que llegaron ahora también están firmadas por ella. Por ende, si su firma no vale en el acta del miércoles tampoco vale en las intimaciones”.

A menos de una semana de la usurpación, varias familias ya se habían conectado a la energía eléctrica y al agua potable de manera irregular.

Denuncia

El intendente José Corral realizará esta tarde una denuncia judicial porque “hay personas que están vendiendo las casas que tomaron”. En declaraciones a la prensa, se mostró firme en que “no se debe permitir la ocupación de bienes del Estado”. “No queremos una ciudad donde para habitar una vivienda haya que ser más vivo o pertenecer a una corriente. Para ocupar una casa hay que seguir los pasos correspondientes, como están haciendo unas 4.000 familias”, fueron sus palabras. Y finalizó: “Desde la Municipalidad vamos a apoyar las medidas del gobierno provincial porque es injusto que la gente que está siguiendo los pasos formales sea burlada”.

“Debe rectificarse”

El diputado provincial Héctor Acuña respondió a las declaraciones vertidas por Rubén Galassi, ministro de Gobierno, quien indicó el sábado que “la CCC claramente ha tenido una intencionalidad política (...). Las declaraciones de Acuña no ayudaron en este sentido”, refiriéndose a la ocupación del plan de viviendas de Santa Rita II.

“Me sorprende que un ministro de ese peso político no tenga en claro cuáles son los roles en la división de poderes: mi tarea es controlar los actos del gobierno”, dijo Acuña, que visitó esta mañana El Litoral junto al concejal Ignacio Martínez Kerz (el edil aseguró que “Corral también estaba al tanto de esta situación”).

Acuña, por su parte, agregó: “El ministro de Gobierno debe rectificarse y pedir disculpas por lo que dijo. Además tendría que analizar las paradojas que tienen, porque luego del acuerdo para el desalojo la funcionaria (Alicia Pino, directora de Vivienda) cuasi invita a las personas que usurparon a tener determinados beneficios, en detrimento de aquellas que hace años esperan por una casa”.