Carrizo: "El campo santafesino no está en soledad ni hemos actuado con desidia"

Ing. Agr. María Eugenia Carrizo (*)

Debido al comunicado emitido por CARSFE en varios medios de comunicación, debo aclarar algunos puntos relacionados con la política agropecuaria que implementamos durante esta gestión de gobierno.

En primer lugar, no hubo desidia gubernamental, no hubo falta de respuestas hacia el sector agropecuario. Siempre respondimos con acciones concretas hacia los productores de todas las actividades. El gobernador Omar Perotti, en el mes de enero de 2022, declaró el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario (Decreto 20 y 80/22) en 18 Departamentos de la provincia (excepto Gral. López, dado que asi lo indicaban los informes de INTA). Posteriormente estos Decretos se prorrogaron a partir del 1º de julio de 2022 (Decreto 2476/22) hasta el 31 de Mayo de 2023 en los 19 Departamentos provinciales para todas las actividades productivas.

Seguidamente se prorrogó el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 30 de septiembre de 2023 a través del Decreto 627/23, estableciendo que los productores que contaban con certificado de emergencia agropecuaria emitidos en el marco de los Decretos Nº 0020/22, 0080/22 -y que fueron prorrogados y mantuvieron su condición (emergencia agropecuaria) en el Decreto N° 2476/22- pasaron automáticamente a Desastre Agropecuario.

En síntesis, la Provincia de Santa Fe decretó desde enero del 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 el estado de emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Santa Fe y para todas las actividades agropecuarias.

Esto refleja que el campo santafesino no está en soledad ni que hemos actuado con desidia. Somos conscientes de que una lluvia o una medida gubernamental aislada no pueden resolver el problema. Por lo tanto, nuestra decisión ha sido acompañar a los productores hasta el 31 de marzo de 2024, y con la debida homologación de este decreto, los productores tendrán acceso a los beneficios previstos por la ley nacional hasta septiembre de 2024. Además, todas las obligaciones fiscales se aplazarán hasta septiembre de 2024. Los productores con certificado de emergencia o desastre acceden a los beneficios nacionales de la ley. Es más, no hay beneficios diferenciales entre las categorías.

Por otra parte, la provincia de Santa Fe ya ha emitido más de 15.600 certificados de desastre agropecuario que corresponden a 10.000 productores agropecuarios. Además, hemos realizado una gestión histórica ante AFIP para que todos los productores que obtengan un certificado en Santa Fe puedan prorrogar automáticamente sus obligaciones fiscales. Otra acción que demuestra el interés del estado provincial en acompañar a los productores de nuestra provincia

Es importante destacar que el 40% del total de los certificados emitidos a nivel nacional corresponden a la provincia de Santa Fe, lo que demuestra la gran cantidad de productores que han sido acompañados con esta medida. Además de cumplir con la normativa de Emergencia Agropecuaria a nivel provincial como nacional, hemos implementado una serie de herramientas para apoyar a nuestros productores.

Hemos brindado asistencia financiera a través de asociaciones para el desarrollo, priorizando a pequeños y medianos productores tanto agrícolas, legumbreros, apícolas, frutihorticolas y ganaderos -de leche y carne- de toda la provincia de Santa Fe. Gracias a un sistema de inscripción al alcance de todos los que deseaban acceder al financiamiento, más de 5.000 productores agropecuarios han recibido apoyo para reponer parte de su capital de trabajo con créditos sin interés y con plazos de gracia de hasta un año. Hemos entregado más de $4.500 millones a los productores, que posteriormente se constituyen en fondos rotatorios para que ellos mismos u otros productores puedan acceder a través de este mecanismo. Es importante que más del 98% de los productores que se inscribieron accedieron al financiamiento, lo que demuestra la aceptación del acompañamiento por parte del estado provincial.

Además, hemos trabajado con distintas instituciones intermedias y gobiernos locales para acompañar, mediante aportes no reintegrables, especialmente destinados a los productores del norte santafesino. Estos fondos se han utilizado para el acarreo de agua, el acondicionamiento de distintas represas y la adquisición de alimentos.

Para acompañar con otra herramienta a todos los productores, independientemente de su escala de producción, hay vigente una línea de financiamiento a través del Nuevo Banco de Santa Fe por $5.000 Millones, en la cual la provincia bonifica parte de la tasa de interés. Se trata de créditos, de hasta tres millones de pesos, ofrecen un plazo de gracia de seis meses y un plazo total de pago de 18 meses, con una tasa de interés del 54%.

Como resultado de una fuerte sensibilización, hemos sido la provincia que más productores ha inscripto en el Programa Impulso Tambero a nivel nacional, otorgando más de 3.300 millones de pesos a más de 1800 tamberos en aportes no reintegrables a los productores de nuestra cuenca lechera santafesina.

Por otra parte, CARSFE hace un llamado a los gobiernos para reconocer el papel fundamental del sector. Nosotros no necesitamos este llamado para entender la importancia del sector agroindustrial de nuestra provincia. Compartimos su preocupación y hemos trabajado -y lo seguiremos haciendo- para honrar nuestro cargo y a un sector tan importante y estratégico. Nunca nos faltaron ganas ni interés porque estamos al lado de los productores agropecuarios en cada recorrida, en distintas capacitaciones y en cada necesidad que hubo.

Respecto de la necesidad de mitigar la sequía que plantea la entidad, bregamos hace más de 1 año por la nueva ley de emergencia agropecuaria. Desde el Poder Ejecutivo hemos elaborado y enviado un proyecto de ley de emergencia que, lamentablemente, lleva nueve meses sin ser tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia. Este proyecto, elaborado en colaboración con diversas instituciones del sector agropecuario, ya ha sido aprobado por unanimidad en el Senado.

Es una Ley que le hubiera permitido a los productores hoy contar con mayores beneficios. Por un lado, que los productores no sólo tengan la condonación del impuesto inmobiliario sino también la condonación de la patente de un vehículo afectado a la actividad productiva. También prevé tener un fondo específico para acompañar a través de subsidios o de créditos, tareas en prevención y recomposición de daños cuando hay un evento climático adverso. La normativa también prevé una tercer componente de vanguardia a nivel nacional, vinculado a los seguros agropecuarios, que cuenta con dos aspectos fundamentales: el desarrollo de nuevas coberturas de seguros para sequías y/o inundaciones, el cual actualmente no existe o bien -en caso de haber- los costos de las primas son tan elevadas que impiden que cualquier productor agropecuario pueda tomarlas. En segundo lugar un seguro agropecuario que permita cubrir el costo básico de producción y que estén vinculadas a economías regionales de la provincia de Santa Fe.

Es fundamental reemplazar la ley de emergencia agropecuaria dado que el 70% de la tierra se encuentra en manos de arrendatarios y hoy esos productores que invierten, producen y arriesgan no tienen beneficios directos. Más de $3.000 Millones se condonaron en impuesto inmobiliario rural, que impactaron en los propietarios de la tierra y no en los productores que producen; por ello sería fundamental que todo el sector agropecuario inste por una nueva normativa. Y como dice el gobernador, es un proyecto que puede tener mejoras pero no demoras. Especialmente ante esta sequía histórica -que no sucedía hace más de 80 o 100 años, según las regiones- no podemos privar a los productores agropecuarios de mayores y mejores herramientas de acompañamiento por parte del estado.

(*) Secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.