La UE prorroga norma anti deforestación y ACSOJA pide una estrategia común del Mercosur

La reciente prórroga de 12 meses otorgada por la Unión Europea (UE) para la implementación de la norma 1115/2023, que establece requisitos estrictos de deforestación para las exportaciones hacia el bloque, ha generado un alivio en la cadena agroindustrial argentina. La noticia, confirmada por el Parlamento Europeo, fue celebrada por las principales entidades del agro, quienes ven en esta postergación una oportunidad para renegociar aspectos clave del reglamento que afecta principalmente a productos como la soja, la carne y los forestales.

Una de las últimas voces en sumarse al debate fue la de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), que en un comunicado destacó que la extensión del plazo de implementación abre una "oportunidad de trabajar en una estrategia común" junto a otros países del Mercosur. La entidad alertó, sin embargo, sobre la necesidad de estar atentos a la creación de una nueva categoría dentro de la normativa europea denominada "sin riesgo", que podría generar discriminación en el acceso al mercado y distorsionar la competencia internacional.

"La prórroga es un hecho que veníamos gestionando con las autoridades locales, pero consideramos que es fundamental coordinar una estrategia común con nuestros países vecinos para evitar que esta medida unilateral nos perjudique", expresó ACSOJA en su comunicado.

Esta posición se alinea con la de otras entidades rurales como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que también se manifestaron en favor de la prórroga. Nicolás Pino, presidente de la SRA, celebró la decisión de la UE y recordó que la entidad ha rechazado la normativa desde el comienzo, tanto en ámbitos nacionales como internacionales. “El desafío ahora será evitar que este tipo de normativas se implementen en el futuro, ya que implican una invasión sobre la soberanía nacional”, aseguró Pino.

Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, destacó que la prórroga demuestra que "la posición de la entidad no estaba alejada de la realidad" y reafirmó su rechazo a cualquier normativa extranjera que condicione las actividades de los productores argentinos. “Nuestra postura sigue siendo firme: no podemos permitir que se legisle desde afuera sobre cómo deben trabajar nuestros productores”, señaló.

El reglamento 1115/2023 de la UE, que originalmente debía entrar en vigencia en enero de 2025, exige que las exportaciones hacia Europa de productos agropecuarios y forestales estén certificadas como provenientes de tierras no deforestadas desde 2020. Si bien las cadenas agroindustriales de Argentina habían desarrollado la plataforma VISEC para cumplir con la normativa, el malestar en el sector persistió, ya que muchos consideraban que la medida invadía las potestades regulatorias de los países productores.

Con la prórroga confirmada y la posibilidad de que la UE introduzca criterios más flexibles para países con bajo riesgo de deforestación, como Argentina, las expectativas en el sector agroindustrial son de cautela y negociación. Mientras tanto, las entidades rurales insisten en la necesidad de mantener el diálogo con las autoridades locales y europeas para asegurar que los intereses de los productores sean debidamente resguardados.