Los surtidores están liberados del control de precios del gobierno

El fenómeno del aumento del precio de los combustibles líquidos busca estándares de precios internacionales y alimenta la inflación, aunque podría “tranquilizarse” en la medida en que el índice general corra muy por encima del dólar, como en estas horas. El polémico DNU 70/2023 eliminó el máximo del 40% del mercado de estaciones de servicio propias de las petroleras. Hay en el país 5.274 expendedoras según los registros de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA); 1.606 pertenecen a la red YPF; 843 a Shell; 566 a AXION Energy; 336 a Puma; 77 a Refinor; 152 a DAPSA; Gulf posee 88, Voy con Energía, 21 estaciones y Oil 1. Las estaciones “blancas” -no identificadas con ninguna de esas marcas- suman otras 1584.

El decreto de Javier Milei elimina por otra parte los plazos máximos fijados para los contratos de abastecimiento de las expendedoras, que era de 8 años si la estación de servicio era nueva y de 5 si había un contrato previo. El decreto procura así una “libre competencia” que incluye las actividades de explotación, procesamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos, todo a cargo de empresas privadas, estatales o mixtas. El Ejecutivo se inhibe de intervenir o controlar los precios.