Que el crecimiento no aliente más gasto, una clave de la negociación con provincias

¿Puede la Argentina llegar a un gasto de 25% del PBI planteado en el Pacto de Mayo? De un 24,9% en 2004 trepó hasta 47% en 2015 según cálculos de Matías Surt en base a datos oficiales. El 2024 bajó a 32,5% (consolidado Nación, provincias y municipios). Ahora la administración libertaria va por una nueva baja, pero tiene que negociar con los gobernadores, que resisten ceder más recursos.

Equilibrio fiscal, crecimiento de exportaciones de minería y energía, ayuda financiera de EEUU, reducción del riesgo país con la posibilidad cada vez más cercana de volver a los mercados voluntarios de deuda. Son datos que se precipitaron tras las elecciones.

Marcelo Capello y Martín Fiore, responsables de la sección Fiscal de la Fundación Mediterránea, analizaron los “aspectos clave” para el éxito a largo plazo del programa económico: equilibrio fiscal; aumento sostenido de las exportaciones; financiamiento externo con régimen cambiario de largo plazo y reformas estructurales.

Los analistas encontraron en el resultado electoral del 26 de octubre un aumento de las probabilidades para las reformas laboral, tributaria y previsional en el Congreso.

Calificaron esas normas como “necesarias no sólo para incentivar inversiones” en sectores favorecidos, pero también “para morigerar los inconvenientes en las ramas industriales que compiten con las importaciones en una economía más abierta y con tipo de cambio que no será alto”

La materia impositiva

“Por un lado, se tiene la necesidad de una reforma tributaria que elimine o sustituya los impuestos más distorsivos que minan las posibilidades de crecimiento, como son los Derechos de Exportaciones (1% del PBI) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6%); Ingresos Brutos (4%) y Sellos (0,4%), a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad e Higiene (0,6%), a nivel municipal”.

Esos impuestos y tasas “en conjunto, representan 7,6% del PBI, un 2,6% del PBI los tributos nacionales, 4,4% los provinciales y 0,6% los municipales”.

Advierten los analistas que, tras la reducción de 5 puntos del gobierno nacional, “no existe chance de que se pueda reducir en shock el gasto de los tres niveles de gobierno en otros 8 puntos del PBI, para dar lugar a la eliminación de los mencionados tributos”. Sugieren gradualismo para que la reforma tributaria sea viable.

Según reseñan, si se considera la situación acumulada en los dos últimos años (entre 2023 y 2025), el gasto nacional cayó un 30% real, contra 19% en el conjunto de provincias, a pesar de un incremento relativo de éstas en el semestre previo a los comicios.

El reclamo de gobernadores

A la mesa de diálogo abierta por Diego Santilli, según los analistas, llegarán “los reclamos plasmados en proyectos de ley que se tratan o han tratado recientemente en el Congreso de la Nación: distribución de ATN, con un costo fiscal para la nación de 0,06% del PBI, y distribución del impuesto a los Combustibles, con un costo para Nación de 0,12% del PBI.

A eso se suman los fondos de la Anses para cajas no transferidas, que en el caso de Santa Fe es una estimación inicial de $240 mil millones contra “cero” presupuestado en la ley que Milei mandó al Congreso. En el espectro de todos los distritos que no transfirieron sus cajas, es un costo anual de 0,2% del PBI (sin considerar deudas por períodos anteriores);

Capello y Fiore añaden a eso “los fondos de coparticipación que reclama CABA, con un costo fiscal anual de alrededor de 0,18% del PBI”, así como “las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas en provincias, que sufrieron un recorte de cerca de 0,3% del PBI si se compara la situación actual contra el promedio observado en 2015-23”.

Incompatibilidad y prioridades

Sobre la mesa del toma y daca de la política se pondrán en juego reclamos provinciales por al menos 0,8% del PBI. Pero hay que añadir la pérdida eventual de recursos de la reforma fiscal, lo que “no resultaría compatible con el objetivo de viabilidad fiscal”.

Los especialistas de la Fundación Mediterránea especulan con la posibilidad de “transferir recursos a provincias por convenios para que se hagan cargo de la ejecución y/o mantenimiento de infraestructura nacional que de todos modos se deberá afrontar en el corto o largo plazo”, tal el caso de las rutas que la gestión Pullaro reclama a la Casa Rosada.

“Los mayores recursos que reciban las provincias por sus cajas de jubilaciones o la coparticipación de CABA, debieran derivar en reducciones tributarias en esas provincias por montos equivalentes a los recursos extras recibidos”, sugieren los analistas.

Gasto con un tope

Más adelante los economistas plantean un “tope al aumento anual del gasto público en ambos niveles de gobierno, por una cierta cantidad de años, para que no supere a la tasa de inflación. Con crecimiento económico, dicho tope a la suba del gasto liberaría recursos para la reforma tributaria y otros fines.

“Tal regla resulta vital desde 2026 para que, si el PBI crece, no aumente demasiado el gasto público, especialmente en provincias. Debe tenerse en cuenta que, en el primer semestre de 2025, el gasto provincial consolidado aumentó un 6% anual, en valores constantes, cuando se ha mantenido prácticamente igual a nivel nacional”.

Recuerdan los economistas que “el gasto provincial generalmente se expande cuando lo hace la producción, y que los únicos años en que se ajusta el gasto en términos reales, son los recesivos, en que habitualmente una fuerte devaluación de la moneda local acelera la inflación y licua salarios y jubilaciones provinciales”.

Sugieren que “resultaría sumamente necesario establecer un tope al aumento del gasto público en Nación y Provincias, para que no supere la tasa de inflación anual, y así liberar recursos para realizar las vitales reformas económicas. Tal tope permitiría llevar a cabo una reforma planificada, con algunas erogaciones que bajan y otras que suben”.

Las cuentas

Señalan los economistas que “si el PBI creciera un 3% anual entre 2026 y 2031, con inflación decreciente, el gasto nacional podría pasar de 16,6% del PBI en 2025 a 13,9% en 2031, con una reducción adicional de 2,7 puntos del PBI.

“En el caso de las provincias, podrían pasar de un gasto de 16,5% del PBI en 2025 a 13,7% en 2031, con una reducción punta a punta de 2,8 puntos del PBI. Un recorte extra del gasto del orden de los 5,5 puntos del PBI en 6 años, cerca de 1 punto por año”.