Piden una solución definitiva para las viviendas hipotecadas

Las autoridades del Colegio de Martilleros de Santa Fe son muy cautas al hablar del tema. Insisten en que no están solicitando que se habilite la posibilidad de realizar subastas masivas de viviendas hipotecadas, pero a la vez advierten que resulta inconcebible que desde 2003 los legisladores provinciales vengan prorrogando una emergencia que impide efectuar este tipo de remates.

Todo indica que, mañana, la Cámara de Senadores aprobará la octava prórroga a una ley generada en medio de una situación de emergencia, cuando miles de propietarios de viviendas únicas hipotecadas se vieron imposibilitados de pagar sus deudas debido al cambio en las reglas de juego, generado por la crisis nacional que estalló a partir de 2001.

Carlos Cecchini (presidente del Colegio), Ramón Moreira (vicepresidente) y Pedro Búsico (secretario) afirman que la entidad y los profesionales “están atravesando desde hace tiempo una situación muy delicada, debido a la imposibilidad de efectuar estas subastas”.

“La indefinición y la falta de soluciones de fondo al problema afectan al resto de los profesionales del Derecho y, claro está, a los acreedores”, dijo Cecchini.

La nueva prórroga, en este caso por 120 días, ya tiene media sanción de Diputados, y mañana sería tratada en el Senado: “Los legisladores sólo escuchan a una de las partes involucradas en este proceso, que son los deudores. Pedimos audiencias, enviamos notas, pero no logramos ser escuchados”, indicó.

Desde hace casi siete años -a partir de 2003-, los martilleros públicos ven “cercenado su derecho de trabajo” porque “los jueces no analizan caso por caso, no preguntan cuál fue el origen de la deuda, ni tienen en cuenta si el afectado tiene voluntad de pago. Simplemente, prohíben la posibilidad de subasta en todos los casos, de manera discrecional, no sólo en viviendas adquiridas antes de la crisis, sino también en casas que fueron compradas cuando la economía del país comenzó a normalizarse”.

Solución de fondo

“Una emergencia -insistió Cecchini- es justamente eso. Una situación particular y en un momento determinado. No puede haber una emergencia eterna. Por eso pedimos que se analice el fondo del problema y se busque una solución definitiva, que normalice la situación y nos permita trabajar pues, de lo contrario, el sistema termina quebrando”.

Los martilleros aseguran que en un principio se hablaba de más de 14 mil viviendas en la provincia hipotecadas y con propietarios imposibilitados de hacer frente a sus deudas. Sin embargo, cuando se realizó un censo de deudores hipotecarios “apenas si aparecieron 1.672 casos” con estas características específicas.

“Resulta inconcebible que desde hace tantos años esté todo paralizado. No se produce una sola subasta porque los jueces no las autorizan. Y no sólo estamos hablando de viviendas adquiridas antes de la crisis de 2001 y 2002, sino que también abarca al resto de las viviendas”, remarcó Ramón Moreira.

La Nación dictó la ley 25.798, donde se plantea una serie de condiciones para delimitar el universo de viviendas hipotecadas exentas de la posibilidad de ser subastadas.

Entre los elementos tenidos en cuenta aparece la época de la mora -queda limitada al período que va desde el 1º de enero de 2001 al 11 de setiembre de 2003-, la naturaleza de la deuda y el monto de la deuda -el máximo es de 100 mil pesos-.

Sin embargo, la provincia no adhirió a esta norma, “por lo que los jueces parecen tener facultades discrecionales para decidir”.