Rectores del CIN acusan al Gobierno nacional de “desacreditar” a las universidades públicas

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió este viernes por la noche un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. Allí, rectoras y rectores de universidades públicas repudiaron los “ataques y agresiones infundadas” contra las instituciones académicas y sus autoridades, en medio de la discusión por el financiamiento universitario y tras la masiva marcha federal realizada ese martes 12.

El pronunciamiento llegó después de varios días de cruces públicos tras la cuarta Marcha Federal Universitaria -que también se hizo en Santa Fe con amplia convocatoria- y de un fuerte debate televisivo en TN entre Álvarez y el presidente del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En ese intercambio, el funcionario nacional acusó a las universidades de estar “colonizadas” por la política y cuestionó a los rectores que participaron de las movilizaciones, mientras Bartolacci defendió el reclamo presupuestario y pidió “un debate razonable, en otro tono y en serio”.

En paralelo, el propio Javier Milei -además de salir a felicitar a Alvarez por lo que consideró "una paliza” mediática al "delincuente este" (por el rector)- profundizó sus críticas al sistema universitario. Tras la marcha federal, el mandatario compartió en redes sociales una publicación donde comparó su salario con el de los rectores universitarios. Según sostuvo, él percibe alrededor de 4 millones de pesos brutos mensuales, mientras que algunas autoridades universitarias cobran “hasta cuatro veces más”, con ingresos cercanos a los 18 millones de pesos. Además, a lo largo de la jornada posterior a la manifestación, insistió en que detrás de las protestas existen “intereses partidarios” y acusó a sectores universitarios de defender “cajas” políticas.

Defensa

La respuesta del CIN no tardó en llegar. “No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario”, expresaron los rectores en el comunicado difundido este viernes.

El texto también cuestionó el tono adoptado por el Gobierno nacional en el conflicto universitario. “Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática”, señalaron.

En otro tramo, el CIN defendió el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y todavía no implementada plenamente por el Ejecutivo nacional. “No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso constituye un acto delictivo”, remarcaron las autoridades universitarias.

Además, reclamaron una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la causa iniciada para exigir el cumplimiento de la normativa. “La sociedad argentina necesita una definición clara que ratifique algo que debería ser obvio en cualquier democracia madura: nadie puede estar por encima de la Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación”, advirtieron.

El comunicado concluye con una defensa cerrada del sistema universitario público y un mensaje político frente al escenario actual: “La universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación”. Para el CIN, el conflicto excede la discusión presupuestaria y pone en debate “el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir”.

En la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de definir el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente llegó al máximo tribunal luego de que el CIN obtuviera fallos favorables en primera y segunda instancia para exigir el cumplimiento de la norma, mientras que la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario para frenar su ejecución.

La ley -que por ahora no se aplica- obliga al Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas universitarias, recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Desde el Gobierno sostienen que su aplicación afectaría el equilibrio fiscal, mientras que rectores, docentes y estudiantes denuncian un fuerte deterioro presupuestario y salarial. En paralelo, durante la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada esta semana, las autoridades académicas reclamaron que la Corte “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley”.