Los bloqueos contra el Gobierno de Bolivia se extienden en seis regiones

A dos semanas del inicio de los bloqueos en Bolivia que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la protesta se expande por el país. Este miércoles, Bolivia amaneció con 47 piquetes activos en seis regiones, de acuerdo con reportes de medios locales.

Las movilizaciones reúnen una serie de reclamos sectoriales acumulados. Entre ellos figuran pedidos de incremento salarial, mejoras en la calidad del combustible y el rechazo a una ley de tierras que permitía modificar la categorización de propiedades agrarias. Aunque el Gobierno logró desactivar algunos focos de conflicto y alcanzar acuerdos con determinados sectores, la protesta continúa y sus demandas se han endurecido.

El lunes se registró la jornada de mayor violencia en La Paz, con la confluencia de tres marchas que terminaron en enfrentamientos con la Policía. Medios bolivianos informaron sobre ataques a oficinas públicas y a una estación del teleférico, además del uso de material explosivo, la quema de un vehículo policial y agresiones a ciudadanos ajenos al conflicto.

“Hay protestas pacíficas, y el Gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia, que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, afirmó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en una entrevista con radio El Deber. “No vamos a permitir que la violencia se disfrace de demanda social”, añadió.

Los cortes se concentran en la Región Andina

La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos. Ambas permanecen prácticamente cercadas y enfrentan escasez de algunos alimentos de la canasta básica. También se reportan interrupciones en el transporte público, oficinas cerradas y colegios que decidieron pasar a clases virtuales hasta que se restablezca la normalidad.

La Policía boliviana anunció que este miércoles se habilitará un “corredor humanitario” para permitir el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos a La Paz.

En paralelo, autoridades del Gobierno acusaron al expresidente Evo Morales de promover las protestas con el objetivo de “romper el orden constitucional”. También señalaron que las movilizaciones estarían financiadas por el narcotráfico.

El Gobierno denuncia intentos de desestabilización

“Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar. Nuestra lucha es contra esos poderes, que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, sostuvo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una conferencia de prensa.

El evismo es uno de los diez frentes de protesta contra el Gobierno. Los seguidores de Morales realizaron una marcha de 190 kilómetros hacia la sede de Gobierno para exigir la renuncia del presidente y rechazar sus políticas de gestión.

“No hay ‘planes macabros’. Hay un país cansado de que le mientan. El Gobierno protege a empresarios, banqueros y agroindustriales mientras la gente vuelve a hacer filas, endeudarse y aguantar hambre. Ningún discurso va a borrar esa realidad”, escribió Morales en X.

Para algunos analistas, el punto común de las protestas sectoriales es el reclamo de campesinos y trabajadores que se sienten excluidos de las decisiones del Gobierno. “Si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el Gobierno no va a poder resistir. El reclamo de fondo es: nos tienen que tomar en cuenta”, sostuvo el analista político Pablo Deheza.

Pese a la expansión de los bloqueos, el Ejecutivo aseguró que mantiene negociaciones reservadas para intentar desactivar los conflictos. “Lo estamos haciendo con la discreción que corresponde hasta llegar a una solución. Les puedo asegurar, y con eso dar tranquilidad a la población, que estamos trabajando las 24 horas del día con todos estos sectores”, dijo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista con Radio Activa.

La situación en Bolivia también generó preocupación internacional. En un comunicado conjunto, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno boliviano.

También se pronunciaron la Casa Blanca, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la Unión Europea, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y más de 30 expresidentes de América y España agrupados en el Grupo Idea.