El Salvador puso fin al bitcoin como moneda legal a cambio de un préstamo del FMI

A pedido del Fondo Monetario Internacional, El Salvador le puso fin al Bitcoin como moneda de curso legal. El organismo puso como condición “mitigar los riesgos” de la criptomoneda a cambio de aprobar un crédito de 1400 millones de dólares.

En septiembre de 2021, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, coexistiendo con el dólar estadounidense. El presidente Nayib Bukele promovió esta iniciativa con la esperanza de impulsar la inclusión financiera, atraer inversiones extranjeras y reducir los costos de las remesas.

Sin embargo, desde su implementación, la adopción del bitcoin enfrentó múltiples desafíos. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la criptomoneda no logró una aceptación generalizada entre la población.

Según datos recopilados hasta 2024, solo un 8% de los salvadoreños utilizaban el bitcoin de manera ocasional, y proyectos emblemáticos como "Bitcoin City" nunca se materializaron. Además, la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas generó incertidumbre tanto en consumidores como en comerciantes.

Presiones internacionales y la decisión de revertir

La comunidad internacional, especialmente instituciones financieras formales, expresó desde el inicio su preocupación por la adopción del bitcoin en El Salvador. Las dudas se centraban en la estabilidad financiera del país, la protección al consumidor y los posibles usos ilícitos de la criptomoneda.

A finales de 2024, El Salvador inició negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de 1.400 millones de dólares, destinado a fortalecer la economía nacional y abordar desafíos fiscales. Una de las condiciones impuestas por el organismo para aprobar este financiamiento fue la revocación del estatus del bitcoin como moneda de curso legal. Ante la necesidad urgente de recursos y las dificultades económicas internas, el gobierno de Bukele accedió a esta demanda.

Ahora, la Asamblea Legislativa de El Salvador, a pedido de Bukele, aprobó una reforma a la "Ley Bitcoin". Esta modificación eliminó la obligatoriedad de aceptar bitcoin como medio de pago y prohibió su uso para el pago de impuestos.

Además, se anunció la descontinuación de la "Chivo Wallet", la billetera digital estatal, aunque el gobierno manifestó su intención de continuar adquiriendo bitcoin para sus reservas estratégicas.

Repercusiones económicas y sociales

La decisión de retirar el estatus legal del bitcoin ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Mientras algunos sectores aplauden la medida como un paso hacia la estabilidad económica y la alineación con estándares financieros internacionales, otros critican la aparente inconsistencia en las políticas gubernamentales y la falta de consulta pública en decisiones de gran envergadura.

A pesar de la revocación, el gobierno salvadoreño ha reiterado su compromiso con la comunidad cripto. Se han anunciado planes para continuar promoviendo la educación en tecnologías blockchain y mantener inversiones en bitcoin como parte de la estrategia financiera del país. No obstante, la experiencia de El Salvador sirve como un caso de estudio sobre los riesgos asociados con la adopción de criptomonedas a nivel estatal.