Familiares de víctimas de la policía de Colombia acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Familiares de víctimas de violencia policial en protestas registradas hace un año en Bogotá anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante lo que consideran falta de justicia sobre esos casos en Colombia. "Lastimosamente, en Colombia siempre toca acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque aquí nada funciona de manera célere, y no hay un recurso judicial efectivo que tengan las personas para conseguir de manera rápida un acceso a la justicia", afirmó Alejandra Garzón, abogada de los afectados.

En aquellas protestas murió Javier Ordóñez, un taxista de 42 años que estaba a punto de graduarse como abogado, después de que policías le dieran numerosas descargas eléctricas y lo llevaran a un destacamento del oeste de Bogotá. El hecho, que se hizo viral en redes sociales, quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio Villaluz.

Luego de ese hecho, manifestantes salieron a las calles a rechazar el abuso y también quemaron varios destacamentos policiales de la capital colombiana. En ese contexto, algunos uniformados accionaron sus armas reglamentarias, según quedó registrado en imágenes en vivo en la zona de Suba, en el noroeste de Bogotá, y Soacha, en las afueras, donde murieron varios civiles.

Familiares de las víctimas recibieron amenazas de muerte tras insistir en el pedido de justicia y celeridad en las investigaciones. "Si las amenazas no son investigadas de manera célere por parte de la Fiscalía, en menos de tres meses estaremos solicitando medidas de protección ante la CIDH para las familias, porque no es posible que estén en una situación de riesgo, tengan un peligro inminente, y el Estado colombiano no las proteja", agregó Garzón.

La abogada es parte de la organización DH Colombia, que lleva tres casos de personas que murieron, presuntamente por balas oficiales, entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020, en distintos puntos de Bogotá.

Exigen la renuncia de una ministra

El propio presidente de Colombia, Iván Duque, dispuso este jueves la salida del cargo de la ministra de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, Karen Abudinen, denunciada por un escándalo de corrupción que la tenía al borde de una moción de censura de parte de la Cámara de Representantes.

En principio, el pedido de renuncia de Duque parece impulsado por la decisión Partido Liberal -habitualmente aliado del oficialismo- de apoyar la moción, lo que sumaría otros 35 votos y permitiría que prospere la iniciativa. Las denuncias contra Abudinen tienen que ver con un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó garantías falsas en un proceso de adjudicación y recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos (algo más de 18 millones de dólares).

Estos contratos de adjudicación presuntamente irregulares tenían el objetivo de mejorar la conectividad en las zonas rurales del país. Desde que saltó la polémica, la ministra había sido ampliamente criticada en redes sociales. El sitio del diario El Nuevo Siglo evaluó que con el pedido de renuncia Duque buscó evitar un mayor desgaste para su gestión, de por sí golpeada por la ola de protestas, la crisis económica y la pandemia de Covid-19.

Además de los cuestionamientos en el Congreso, Abudinen enfrenta investigaciones en la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Duque anunció que se pondrá personalmente al frente del proyecto, y que espera que al finalizar su mandato se haya logrado la interconexión para los niños más vulnerables.

En el debate de moción de censura, Abudinen había afirmado que no renunciaría porque su salida beneficiaría a los corruptos y se defendió de los señalamientos con el argumento de que no se quedó con los dineros del contrato a Centros Poblados. Ahora, el reto del gobierno es recuperar la suma anticipada, aunque ya existen embargos por unos 40.000 millones de pesos (10 millones de dólares).