Francia amplía sus servicios secretos y les permite actuar sin orden judicial

El Litoral
EFE

La amenaza terrorista a un nivel "sin precedentes" fue esgrimida hoy por el Gobierno francés al presentar su proyecto de ley que fija un marco legal a sus servicios secretos, cuyo número será ampliado y que podrán actuar con una mera autorización administrativa.

"Hay que dar una base legal a nuestros servicios secretos" que realizan "misiones de servicio público" contra el terrorismo, pero también en defensa de los intereses estratégicos y económicos de Francia, destacó en la presentación del texto el primer ministro, Manuel Valls.

El jefe del Ejecutivo explicó que con el texto su Gobierno quería "acabar con esa situación anormal" de una ausencia de marco jurídico.

Ante las críticas -que han llegado en particular del comisario europeo de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Informática y Libertades-, Valls afirmó que el proyecto "no es una respuesta de urgencia, sino el resultado equilibrado de un trabajo en profundidad hecho desde hace meses" por los ministerios implicados.

El texto -que llegará al Parlamento el 13 de abril para ser aprobado antes del verano- detalla procedimientos posibles de vigilancia y de interceptación de información y comunicaciones entre ordenadores o móviles; la instalación en vehículos de balizas de localización por GPS, o la colocación de micrófonos y cámaras.

Y sobre todo, establece el procedimiento que tienen que cumplir los espías, con una petición por escrito y motivada en la que se tenga en cuenta la proporcionalidad de las medidas (una intromisión en la privacidad estará en relación con el riesgo potencial de las personas investigadas) y que irá dirigida al ministro de tutela.

En cualquier caso, no hará falta una autorización judicial, sino que se crea una nueva Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Información (CNCTR) formada por cuatro magistrados, cuatro parlamentarios y un experto en comunicaciones electrónicas.

La CNCTR será el órgano de verificación que en caso de que considere injustificada una operación porque atenta contra las libertades públicas, pueda presentar (al igual que las personas directamente afectadas) un recurso ante el Consejo de Estado.

El máximo órgano de contenciosos administrativos podría anular la decisión, imponer una indemnización al denunciante, ordenar la destrucción de los datos e informaciones recopiladas por los agentes secretos e incluso trasladar el caso a la Fiscalía para que estudie si merece un tratamiento judicial.

El primer ministro socialista insistió en que ese dispositivo garantiza que "ninguna misión de vigilancia se podrá hacer sin autorización previa y sin control independiente".

Afirmó que se utilizan "medios de acción legales, ni medios de excepción, ni vigilancia generalizada", y garantizó que "no habrá un ’Patriot Act’ a la francesa", como forma de desmarcarse de la polémica normativa antiterrorista adoptada en Estados Unidos tras los atentados de septiembre de 2001.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, presente en el acto, justificó el proyecto de ley con la necesidad de "prevenir la comisión de actos terroristas", siempre "sobre la base de elementos de la peligrosidad" de las personas a las que se vigile.

Se busca -añadió Cazeneuve- "un equilibrio entre eficacia en la lucha contra el terrorismo (...) y la protección absoluta de las libertades públicas".

El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, se mostró hoy "muy preocupado" por las iniciativas legislativas que se discuten en varios países, en particular en Francia, para "reforzar los poderes de los servicios de seguridad en la vigilancia de los individuos sin control judicial previo".

A juicio de Muiznieks, esas propuestas, de adoptarse, "corren el riesgo de crear un clima social nefasto en el se considere que todos los individuos son sospechosos potenciales".

Valls -que se refirió de forma repetida al ataque de ayer en Túnez, pero también a la ola de atentados de comienzos de enero en París- indicó que su Ejecutivo ha decidido la creación de 2.680 empleos suplementarios para luchar contra el terrorismo y una partida de 1.000 millones de euros para la seguridad.

En la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI, los servicios secretos) habrá 500 agentes más, además de los 432 ya previstos desde 2013 para su incorporación a lo largo de cinco años.

El primer ministro francés reiteró la idea de que "ningún país está a salvo" del terrorismo, y fue más lejos al señalar que no cabe duda de que habrá nuevos atentados en Francia o en Europa, y que la única duda es "saber cuándo y dónde".

Sobre todo, consideró, teniendo en cuenta que el número de personas vinculadas con redes de reclutamiento de yihadistas se ha multiplicado en los últimos meses y en Europa podrían ser "5.000 de aquí al verano, y tal vez 10.000 a finales de año".