Hospital de Texas confirma que desconectará a embarazada

El centro médico, a favor durante el litigio de mantener a Muñoz conectada a un respirador artificial porque está embarazada, debatió ayer con la oficina del fiscal del distrito si acatar o recurrir la resolución judicial que el pasado viernes dio la razón a la familia.

"Desde el principio, el centro ha dicho que su función no era impugnar la ley sino seguirla", sostiene el comunicado, en referencia a que el hospital mantuvo conectada al respirador a Muñoz porque así interpretó la ley tejana que no permite retirar el apoyo artificial de vida a las embarazadas.

"El viernes, un juez estatal de distrito ordenó retirar a Marlise Muñoz el tratamiento de mantenimiento de vida. El hospital seguirá la orden judicial", subraya el documento remitido a la prensa.

El hospital, que forma parte de una corporación sanitaria pública y recibe fondos del condado, admite que las "últimas ocho semanas han sido difíciles" para la familia de la paciente, los médicos y la comunidad de la zona.

El consorcio siguió lo que creía que eran "las demandas de un estatuto estatal", justifica.

Un juez, en cambio, consideró el pasado viernes que ese punto de la ley no es aplicable en casos de muerte cerebral -sí podría serlo en estados vegetativos o de coma, en los que el paciente sigue vivo-.

La resolución judicial se basó en que la paciente fue declarada con "muerte cerebral" y que es "inviable" que el feto nazca con vida, vista la afectación del embrión.

El juez dictó que los médicos deben retirar cualquier instrumento que mantenga artificialmente la vida de Marlise antes de mañana a las 17.00 hora local (23.00 GMT).

Marlise Munoz, una tejana de 33 años embarazada, sufrió una embolia pulmonar a finales de noviembre pasado y fue declarada con muerte cerebral entonces.

La familia defendió desde el primer momento desconectarla del respirador, tanto por su opinión favorable como por la que Marlise, profesional de la sanidad, hizo explícita en conversaciones sobre el tema en vida.

El hospital John Peter Smith forma parte de un consorcio público y está financiado por el condado de Tarrant, por lo que la defensa del centro durante el proceso judicial la lleva el fiscal del distrito, la máxima autoridad en asuntos legales en el condado.

EFE