Human Rights y la ONU pidieron investigar al gobierno de Paraguay por la muerte de dos niñas argentinas

Las niñas argentinas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, murieron el 2 de septiembre en una operación de las Fuerzas Armadas paraguayas contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP.

Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”, informó el presidente Mario Abdo Benítez, al anunciar la muerte de las menores en el campamento que tenía el grupo guerrillero en una zona selvática del norte del país. La familia y organismos de derechos humanos rechazan la versión oficial y denuncian la destrucción de pruebas y la violación de protocolos de investigación. Dos meses después del ataque, un informe de Human Rights Watch (HRW) revela la existencia de “graves irregularidades” y exige, al igual que Naciones Unidas, una investigación urgente e imparcial.

“El Gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el Gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”, señala José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Lilian y María eran primas y vivían con la abuela en la provincia argentina de Misiones (fronteriza con Paraguay y Brasil), según la familia. A finales del año pasado, cruzaron a Paraguay para reunirse con sus padres por primera vez, pero no pudieron regresar al país por el cierre de fronteras a causa de la pandemia. Los familiares admiten que los padres son integrantes del grupo guerrillero, pero niegan que las niñas lo hayan sido.

Para el Gobierno, en cambio, ambas eran niñas soldado que fueron usadas como “escudos humanos” por los adultos en el campamento. El Gobierno paraguayo atribuye al EPP casi 70 asesinatos, la mitad a civiles, desde su creación, en 2008.

Entre las principales irregularidades detectadas por HRW está el haber enterrado a las víctimas sin realizar una autopsia y haber quemado su ropa como supuestas medidas de prevención ante la covid-19. El Gobierno no indicó que las menores tuvieran síntomas de coronavirus. Tampoco quemó otras prendas halladas en el campamento y exhibidas a los medios, ni sábanas, paquetes de alimentos y otros objetos incautados, y en ningún momento explicó por qué usaron un protocolo distinto para la ropa de las víctimas.

Según peritos del Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG, en sus siglas en inglés), quemar la vestimenta de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”. La ropa podría haber ayudado a determinar correctamente la distancia entre el arma y la víctima, ya que de haber recibido disparos a corta distancia podrían haber quedado marcas de hollín, fuego y humo en ella, señalan en el informe.

A las primas Villalba les dispararon de frente, de espaldas y de costado. Una recibió siete impactos de bala. La otra, dos. Sus cuerpos quedaron tendidos boca abajo en el suelo. “La posición en que quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo” de las fuerzas del Estado que atacaron el campamento, dijo Cristian Ferreira, el perito forense paraguayo que examinó los cuerpos en el lugar de los hechos. Las autoridades no han divulgado tampoco ninguna imagen de las víctimas tal y como fueron halladas, lo que podría ayudar en la investigación.

La versión oficial sostiene que las dos víctimas iban armadas y una de ellas disparó. “Las últimas pericias que se realizaron determinaron que una de las niñas disparó a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta con una pistola nueve milímetros”, dijo el fiscal Federico Delfino, a cargo de la investigación. Delfino cree que ambas “se encontraban en las dos primeras líneas de fuego” y presume que “fueron usadas para defensa de los líderes que, cuando irrumpieron los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, pudieron huir”.

La hipótesis del fiscal se sustenta en que una de ellas dio positivo en la prueba de parafina realizada para identificar residuos de disparos en sus manos. Los expertos del IFEG destacan que esta prueba es poco confiable y que otras sustancias pueden dar un resultado positivo, como frijoles, lentejas, orina, tabaco, esmalte de uñas, jabón e, incluso, agua del grifo.

El Gobierno paraguayo insistió durante días en que la edad de las víctimas oscilaba entre los 15 y los 16 años, mayor a la que figura en sus documentos de identidad argentinos. Para poner fin a la controversia, las autoridades exhumaron los cuerpos y el análisis genético confirmó que ambas tenían once años.

Con el paso de las semanas, son cada vez más los organismos que arrojan dudas sobre la investigación oficial y piden otra imparcial y transparente. La Cancillería argentina emitió un comunicado para exigir a la Administración paraguaya “el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas”. Naciones Unidas, a través de su representante en América del Sur para los Derechos Humanos, Jan Jarab, denunció que “se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger”. Jarab aseguró que su oficina recibió “información inquietante” sobre los intentos de manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos”.