Incertidumbre judicial sobre las instalaciones olímpicas de Rio de Janeiro

La alcaldía de esta ciudad brasileña (en el sureste del país) ya anunció que apelaría la decisión emitida por el juez Eugenio Rosa de Araújo. El magistrado, que acató un pedido formulado en octubre por la Fiscalía de Rio, explicó que emitió la orden "para preservar la seguridad de la población" y recordó que en esas instalaciones, especialmente en el Parque Olímpico del residencial barrio Barra de Tijuca (oeste), se organizan "shows y festivales que reciben a miles de personas".

El Parque Olímpico acogió a fines de septiembre al famoso festival Rock in Rio, al que acudieron unas 700.000 personas a lo largo de una semana de diversos conciertos. "Este escenario, compuesto por locales castigados por la falta de vigilancia y por la presencia de millares de personas, puede resultar en tragedias", escribió el magistrado.

El fiscal Leandro Mitidieri explicó este jueves que en realidad esas instalaciones siempre funcionaron con licencias provisorias, renovadas periódicamente desde 2016. "No hay una licencia definitiva. ¿Hasta cuándo seguiremos con licencias provisorias?", se preguntó en una conferencia de prensa.

"Tenemos que combatir esta cultura de que podemos hacer diques o centros de entrenamiento que funcionen de manera precaria, con licencias temporarias, y cuando sucede una tragedia empezar a ver cuál fue el error", destacó. Mitidiori aludía a tragedias recientes, como el derrumbe en enero pasado de un dique minero en Brumadinho (el estado de Minas Gerais, sudeste), que dejó 270 muertos, y el incendio en febrero de alojamientos prefabricados del centro de entrenamientos del club carioca Flamengo, en Rio, en el que murieron 10 jóvenes jugadores.

El fiscal apuntó la existencia de "1.500 vicios" en las instalaciones olímpicas. Citó entre ellas "filtraciones de agua en la cancha central de tenis" y los problemas en el techo del autódromo, "que debía ser de material ignífugo pero que se reveló muy inflamable", con dos incendios en su haber.

Las instalaciones para los Juegos de Rio de Janeiro, los primeros celebrados en Sudamérica, fueron muy criticadas por la abundancia de recursos que le destinaron las autoridades, unos 12.500 millones de dólares, y por los millonarios casos de corrupción destapados en torno a ellos.

Según la Fiscalía, la disolución en junio pasado de la Autoridad de Governanza del Legado Olímpico (AGLO), lo cual "contribuyó al estado de abandono de los locales, con robos de equipamientos y cables eléctricos". La orden de cierra concierne en particular el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, un barrio pudiente de la zona oeste de Rio, que alberga los estadios de varios deportes, ací como el centro de tenis y el velódromo.

Afecta también la región de Deodoro, un barrio popular a 40 km de la Copacabana, donde se disputaron las competiciones de equitación, rugby, hockey sobre césped y canoa kayak.