May buscará que la UE apruebe sus condiciones para la salida de Reino Unido

El Litoral

Télam

La semana pasada, May se comprometió a pagar la factura de la salida de la Unión Europea -por un importe de entre 40.000 y 60.000 millones de euros- y a no imponer una frontera dura con Irlanda. El presidente de la Comisión Europea, una suerte de poder ejecutivo del bloque, Jean Claude Juncker, recomendó al Consejo Europeo -la reunión de jefes de Estado y gobierno- aceptar la propuesta presentada el viernes por la ministro británica. Poco después de conocerse la recomendación positiva de Juncker, el Parlamento británico volvió a cambiar las reglas de juego y a marcarle la cancha a May.

La Cámara de los Comunes aprobó a la noche una enmienda que le otorga la última palabra sobre el acuerdo final del Brexit que firmen Londres y Bruselas a los diputados británicos. La enmienda fue presentada por un diputado de la fuerza política de May, el conservador Dominic Grieve, lo que representó el segundo motín dentro de la coalición oficialista en menos de una semana.

El primer motín sucedió hace sólo unos días cuando sus aliados de Irlanda del Norte le torpedearon el principio de acuerdo que había llevado a Bruselas, desnudando la debilidad de su gobierno y complicó aún más a las ya tensas negociaciones entre Londres y Bruselas.

Ambas partes debieron acercar posiciones en tres cuestiones: los derechos de más de cuatro millones de británicos en suelo europeo y europeos en territorio británico, el monto de la factura que deberá pagar Londres para abandonar el bloque regional y el futuro estatus de la frontera con la República de Irlanda. Este último punto fue el que hizo caer el acuerdo el lunes de la semana pasada.

May ya había resuelto el tema de los ciudadanos y el de la factura, los dos puntos que creía más complicados, y se preparaba para pasar a la segunda fase de las negociaciones, centrada en la cuestión fronteriza con Irlanda. Pero sus aliados conservadores del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, que con sus 10 bancas en el parlamento británico sostienen el gobierno de May, la obligaron a retroceder.

Mientras Irlanda, miembro de la UE, rechaza cualquier tipo de control fronterizo o barrera limítrofe física, el DUP reclama abandonar el bloque en los mismos términos que las demás regiones británicas.

La propuesta que la primera ministra llevó a Bruselas contemplaba los intereses externos pero hacía oídos sordos a los reclamos de sus socios. Pronto tuvo que cambiar de posición.

"No habrá una frontera dura" entre Irlanda e Irlanda del Norte, aseguró May, tras reunirse el viernes pasado con Juncker.

Según fue acordado en esta primera fase, el Reino Unido seguirá formando parte -de facto- del mercado único y de la unión aduanera, pero no podrá influir en las decisiones que tomen los Veintisiete.

La idea inicial de "convergencia regulatoria" acordada la semana pasada, que tan mal sonaba a los oídos de gran parte de la dirigencia británica, fue reemplazada por la de "pleno alineamiento".

En lugar de incluir todo el derecho europeo en la legislación británica para permanecer en el mercado único y la unión aduanera, Bruselas y Londres pactaron un "alineamiento" que significa más o menos lo mismo, pero suena más equitativo.

Además, el acuerdo mantiene las garantías del Estado de bienestar: los ciudadanos británicos y europeos tendrán derecho a residir y traer a sus familiares y parejas estables, si así lo desean, y conservarán la tarjeta sanitaria europea, un documento que habilita a utilizar el sistema de salud.

Finalmente, el gobierno de May aceptó pagarle a la UE entre los 40.000 y 45.000 millones de euros, aunque ya hay dirigentes británicos que amenazan con no hacerlo si no consiguen un acuerdo comercial que los conforme.

El propio David Davis, el negociador británico y ministro del Brexit, dijo ayer que el acuerdo alcanzado en Bruselas "no es vinculante" por lo que Londres no tendrá que pagar si no llega a un acuerdo comercial.

Sin embargo, Bruselas advirtió que no van a aceptar ninguna "marcha atrás" sobre los compromisos alcanzados y expresó su intención de trasladar el borrador del acuerdo a "un lenguaje legalmente vinculante y preciso".

En medio de una rebelión interna que amenaza con poner nuevos obstáculos, May viaja este jueves a Bruselas a la espera de que el Consejo Europeo confirme que hay "progresos suficientes" para pasar a una segunda etapa.

En la nueva fase, que se avecina más complicada que la primera, Bruselas y Londres iniciaran las negociaciones para el periodo de transición, que se alargará al menos hasta 2021, y la futura relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Según anticipó el negociador por parte de la UE, Michel Barnier, el modelo será el del acuerdo con Canadá, que tardó ocho años en ser ratificado.