Nicaragua: el gobierno acusó a opositores presos de ser financiados por EEUU

El gobierno de Nicaragua afirmó que los al menos 15 opositores arrestados en los últimos días, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, son "usurpadores" que no representan a la "verdadera oposición" y fueron financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Daniel Ortega.

"Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de Estados Unidos", dijo el gobierno en una declaración titulada "Nicaragua: en defensa de la soberanía y el estado de derecho".

La nota sostiene que los detenidos no representan a "la verdadera oposición de Nicaragua" porque no se registraron ni fueron seleccionados como candidatos por ningún partido político.

En cambio, "a través de sus respectivas ONG han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID" (la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos) para "derrocar al gobierno electo del presidente comandante Daniel Ortega".

Asimismo, el documento pide que no haya "interferencia" en la investigación de estas personas, acusadas "por delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa".

Más temprano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su "preocupación" por el desconocimiento de la "ubicación actual" de Violeta Granera y reiteró su "llamado urgente a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua".

El Mecanismo Especial para el Seguimiento de Nicaragua (Meseni) de la CIDH dijo en Twitter que la dirigente, quien estaba bajo arresto domiciliario desde el martes pasado, el viernes "habría sido trasladada por la Policía sin informar a sus familiares y abogados sobre su ubicación actual".

Granera, de 68 años, forma parte de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y es hija de Ramiro Granera, un senador liberal asesinado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de los 70, según el diario nicaragüense Confidencial.

La Policía Nacional arrestó ayer a Suyen Barahona, el general retirado Hugo Torres, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Víctor Tinoco, de Unión Democrática Renovadora (Unamos) -los dos primeros, presidenta y vicepresidente del partido-, y el sábado había capturado a Tamara Dávila, de la misma agrupación disidente del sandinismo gobernante.

Torres fue uno de quienes condujeron en 1974 la toma de la casa de un funcionario somocista donde se realizaba una reunión social, operación que posibilitó la salida de la cárcel de Ortega, quien llevaba siete años preso.

Asimismo, Téllez llegó a ser la tercera al mando del FSLN, bajo el alias Comandante 2, y en 1978 dirigió junto a Torres y a Edén Pastora la toma del Palacio Nacional, que forzó a la dictadura de Anastasio Somoza a liberar a otros 50 guerrilleros presos.

Desde el 2 este mes, la Policía nicaragüense apresó también a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga, y a los activistas José Aguerri, José Pallais Arana, Walter Gómez y Marcos Fletes.

Lento avance del escrutinio en Perú

La Justicia electoral de Perú retomó la resolución de las actas del balotaje del 6 de este mes que fueron impugnadas u observadas e impiden proclamar al ganador debido a lo ajustado del resultado de los votos computados, en medio de un clima de tensión y múltiples reclamos y apelaciones. Autoridades electorales citadas sin identificar por el diario limeño El Comercio advirtieron que el proceso puede demorar hasta tres semanas más, debido a la cantidad de solicitudes de nulidad y apelaciones presentadas por los dos partidos. Pedro Castillo continuaba aventajando anoche a Keiko Fujimori por poco más de 48.000 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos computados (50,14% a 49,86%), según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció ayer acerca de 15 de las 56 actas de votación que estaban pendientes. Al margen de la resolución de esas actas, el JNE debe decidir sobre 1.090 solicitudes de anulación de actas, de las cuales 942 fueron interpuestas por Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) y 148, por Perú Libre (PL, la agrupación de Castillo).