Gustavo Petro sube el salario mínimo un 23,7% y genera fuertes críticas en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes un aumento del 23,7% del salario mínimo vital para 2026, que quedó fijado en dos millones de pesos (unos 535 dólares). Es el mayor incremento en lo que va del siglo y busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

La decisión, sin embargo, desató críticas inmediatas desde el sector empresario, que advierte un posible impacto inflacionario. También generó rechazos en el plano político, en un contexto marcado por el desgaste de la imagen del mandatario.

Desde la oposición se vincula la medida con la estrategia electoral del gobierno de cara a los comicios presidenciales de mayo de 2026. Analistas señalan que Petro busca reposicionarse tras dos años de protestas y desgaste institucional.

Cifras, subsidios y paternidad doctrinaria

Petro detalló que el nuevo mínimo vital será de 1.746.882 pesos, más 250.000 pesos de subsidio de transporte. “Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, afirmó, aunque admitió presiones sobre los precios.

El mandatario explicó que el aumento no se basa solo en inflación y productividad, sino también en criterios sociales. Incluso citó la encíclica Rerum Novarum de León XIII para fundamentar su decisión.

El incremento fue fijado de forma unilateral, luego de que fracasaran las negociaciones entre el Ejecutivo, empresarios y sindicatos. El gobierno busca imponer el concepto de “salario mínimo vital familiar”.

Advertencias por inflación e informalidad

Economistas y empresarios alertaron por los efectos del aumento. Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana, advirtió que “un aumento por encima de la inflación puede generar más inflación”.

El Banco de la República estima una inflación del 4% para 2025, aunque algunos pronósticos la ubican en 5%. El sector privado considera que la suba del salario mínimo agrava los riesgos económicos.

Según el DANE, cerca del 50% de los trabajadores en Colombia no alcanza a percibir el salario mínimo y desempeña tareas en la informalidad, lo que agrava la desigualdad estructural.

Rechazo empresarial y contexto fiscal

La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) calificó la decisión como riesgosa y advirtió sobre el impacto en precios, empleo y finanzas públicas. “Es un acto irresponsable”, dijo Jaime Alberto Cabal, de Fenalco.

Cabal advirtió que “los propios trabajadores serán perjudicados” si se encarece la contratación formal. Desde los sindicatos, en cambio, acusaron a los empresarios de querer impedir que “al pueblo trabajador le vaya bien”.

El gobierno informó que el salario mínimo acumuló un aumento del 42,4% durante los tres años de gestión de Petro. Paralelamente, declaró un estado de emergencia económica por 30 días ante una posible crisis fiscal.