El pedido de mayor seguridad gubernamental por parte de los desarrolladores de inteligencia artificial

Un importante grupo de empresas tecnológicas desarrolladoras de herramientas de inteligencia artificial o involucradas en dicho proceso protagonizó un reclamo abierto en busca de mayor seguridad.

OpenAI, Antrophic, Microsoft, Google y otras firmas de peso publicaron la Carta Abierta por la Ciberdefensa Colectiva (A call for collective action on cyber defense) en la que solicitan un accionar más activo no pensando en futuro, sino con urgencias del presente.

Los ejes de la carta

La firma de Sam Altman fue una de las principales promotoras del mensaje. “Tenemos una ventana limitada para fortalecer las defensas cibernéticas”, publicó en sus vías oficiales.

“Estamos llamando a un esfuerzo global para proporcionar a los defensores las herramientas, recursos y apoyo necesarios para proteger la infraestructura de la que todos dependemos”, comunicaron tomando la voz en conjunto.

“Si actuamos con decisión, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en seguridad y hacer que nuestro mundo digital sea más seguro para todos”, indicaron desde OpenAI.

Las empresas señalan que a medida que los modelos de inteligencia artificial ganan capacidades avanzadas, en los próximos meses los ciberataques impulsados por IA se volverán mucho más masivos, rápidos y sofisticados.

Su “llamado a la acción colectiva” incluye priorizar de inmediato la ciberdefensa y corregir vulnerabilidades históricas en sistemas e infraestructura crítica, como redes eléctricas, hospitales o agua.

Además, insta a poner capacidades de IA defensiva en manos de quienes protegen la infraestructura pública, en un nuevo acercamiento o “presión” desde los privados hacia entes gubernamentales.

A su vez, pretenden “establecer trazabilidad y responsabilidad en el uso de agentes autónomos de IA”.

La relación con el gobierno

Este tipo de posicionamiento público de empresas de IA posee una relación directa y estratégica con las políticas de Estado de las potencias geopolíticas, pero principalmente del gobierno de Estados Unidos.

En esa línea, rige una especie de alianza estratégica en las que las grandes tecnológicas no pueden defender la infraestructura crítica por sí solas y gobiernos como el estadounidense; a través de agencias como CISA, el Departamento de Defensa o iniciativas lanzadas por la Casa Blanca; dependen por completo de la tecnología de estas empresas para modernizar la seguridad cibernética de sus propias instituciones

En paralelo, al publicar cartas abiertas y coordinarse entre competidoras, la industria busca demostrar que pueden autorregularse y fijar estándares de seguridad proactivos. Esto reduce la presión sobre los legisladores para que impongan leyes rígidas o licencias gubernamentales obligatorias que frenen el desarrollo del software.

Por otro lado, existen políticas como la Orden Ejecutiva sobre IA y Seguridad de EE. UU. priorizan esquemas voluntarios de cooperación en lugar de regulaciones punitivas o restrictivas, adaptándose a la postura impulsada por estas empresas.

EE. UU. ve la superioridad en IA no solo como una ventaja comercial, sino como un activo de seguridad nacional. Las empresas estadounidenses necesitan que el Estado les otorgue soporte de infraestructura y datos, mientras que el Estado necesita que estas firmas sirvan como el "escudo defensivo" de todo el bloque occidental frente a amenazas extranjeras.