Argentina incluyó la plataforma continental en sus nuevos mapas

En 2016, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aceptó las reivindicaciones argentinas sobre su plataforma continental. Desde agosto pasado, por ley aprobada en el Congreso, esa plataforma y una gran porción de territorio antártico (no reconocida internacionalmente) se incluyen en un nuevo mapa del país que pronto será distribuido en todas las escuelas. La ampliación territorial supone 1,7 millones de kilómetros cuadrados (para hacerse una idea, la extensión de España es apenas superior a medio millón de kilómetros cuadrados) y confiere a Argentina derechos soberanos sobre las riquezas minerales en ese suelo y subsuelo marinos.

La historia de la expansión oceánica comenzó bajo la presidencia de Carlos Menem, en 1995, con la entrada en vigor de la Convención de la ONU. Por entonces, Frida Armas Pfirter era una doctora en Derecho Internacional Público que trabajaba para el Tribunal Supremo. En 1997 se le encargó la coordinación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental y ya no dejó de ocuparse del asunto. Más de una docena de expediciones científicas bajo duras condiciones meteorológicas (tras la crisis de 2001 se dejó de pagar a los barcos, y éstos retuvieron la información) permitieron localizar el talud de la corteza continental y examinar los sedimentos sobre la misma. Fueron 20 años de trabajo que se concretaron, entre 2009 y 2016, en los 800 kilos de papel aportados como documentación a la Convención Internacional.

Los nuevos límites recibieron el visto bueno de la Convención (una comisión técnica independiente tutelada por la ONU), lo cual fue celebrado como un gran éxito nacional por la Administración de Mauricio Macri. Pero, por alguna razón, el anterior presidente no plasmó en una ley el mapa ampliado. Eso lo hizo el 25 de agosto de este año el presidente Alberto Fernández. “Ya se han impreso 15.000 nuevos mapas, necesitamos 50.000 para que cada una de las 42.000 escuelas argentinas tengan su ejemplar. También se confeccionan nuevas cartas náuticas”, explica la doctora Armas.

La legislación internacional establece la soberanía absoluta de los países hasta 12 millas marinas (unos 22 kilómetros) más allá de la costa. Luego, hasta las 200 millas marinas (unos 370 kilómetros), se reconocen derechos como Zona Económica Exclusiva. La extensión de las plataformas submarinas permite que en algunas zonas de Argentina, como en el golfo patagónico de San Jorge, la zona económica se prolongue hasta 369 millas, 683 kilómetros mar adentro.

En los actuales términos, Argentina se convierte en un país bicontinental, con presencia en América y en la Antártida. Tradicionalmente, el territorio antártico reivindicado se dibujaba en un cuadrito junto a la costa, algo de lo que ya se quejaba en los años cuarenta el general Perón. Ahora queda plasmado en su localización real, con lo que Tierra del Fuego, antaño el punto más meridional del mapa, casi un puerto en el fin del mundo, se sitúa ahora en el centro casi exacto del país.

Siete naciones reivindican territorio antártico: Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia (por su expedición a Tierra Adelia en 1840) y Noruega (por su expedición a la isla Pedro I en 1821). Esas reivindicaciones están reconocidas en el Tratado Antártico por ser anteriores a 1961, pero permanecen congeladas y no resueltas.

En el nuevo mapa argentino, por supuesto, se incrusta el problema de las posesiones británicas en el Atlántico sur: Malvinas, Georgias y Sandwich. Las aguas controladas por el Reino Unido suponen “casi la mitad de la zona económica argentina”, según Daniel Filmus, secretario del Gobierno para Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y ocupan buena parte de “la reserva de pesca más importante del mundo”.

Para Filmus, la aceptación por la ONU del mapa ampliado “reafirma la soberanía argentina” sobre las Malvinas y demás islas británicas en la zona. El ministro argentino de Asuntos Exteriores, Felipe Solá, señaló que la recién aprobada ley territorial “incrementará la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias”. “Somos los dueños de la columna de agua, del lecho y del subsuelo”, afirmó.