En Buenos Aires empiezan a penar a "trapitos" con tareas comunitarias

El Litoral

A raíz de los sucesivos inconvenientes que tienen como protagonistas a cuidacoches, en la ciudad de Buenos Aires buscan prohibir la actividad. Sin embargo, todavía no se consiguió un consenso en la Legislatura porteña para definir el marco regulatorio. Como medida atenuante, desde la Justicia porteña instaron a varios "trapitos" a realizar trabajos comunitarios en hospital o iglesias; una especie de probation para evitar llegar a un juicio.

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Un informe de La Nación detalle los principales puntos de esta iniciativa que comenzó a realizar en enero de 2016 la Unidad Fiscal Norte, una de las cinco unidades que componen la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, los fragmentos más importantes del artículos:

La Justicia porteña empieza a encontrar otros caminos para penar la actividad de los cuidacoches en la vía pública, especialmente cuando actúan en eventos masivos como partidos de fútbol o recitales, mientras la definición sobre si se regula o se prohíbe su presencia en las calles continúa en una zona gris. Después de un año de acumular actas policiales y denuncias de vecinos, varios "trapitos" reincidentes fueron instados a realizar trabajos comunitarios en hospitales o iglesias, mediante probation, para evitar llegar a un juicio contravencional.

Es un proceso inédito en la Capital; se trata de la primera acción directa y masiva contra los cuidacoches, resultado de un trabajo que comenzó a realizar en enero de 2016 la Unidad Fiscal Norte, una de las cinco unidades que componen la Fiscalía de la Ciudad. Desde ese momento hasta hoy, el organismo recopiló 3218 denuncias e inició 1045 casos. Entre ellos, 154 correspondientes a personas con hasta 50 reincidencias en la misma zona; es decir, después de labrárseles un acta, volvían a pedir dinero en la vía pública.

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El artículo 79 del Código Contravencional sanciona a las personas que exigen retribución económica por cuidar vehículos en la vía pública sin contar con autorización. Para comprobar la extorsión -el pedido de dinero a cambio de la promesa de vigilancia-, es necesario demostrarlo con testigos y, sobre todo, que el damnificado lo denuncie. En este laberinto se traban muchas de las situaciones que habitualmente se ven en la calle porque la denuncia no se realiza.

Pero la fiscal a cargo de la Unidad de Investigaciones Complejas de la Fiscalía Norte, Cecilia Amil Martin, halló en el artículo 83 del Código Contravencional el elemento necesario para iniciar las causas. Éste se refiere al uso indebido del espacio público y sanciona a "quien realiza u organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público". De esta forma se iniciaron 83 investigaciones; en 19 de ellas se resolvió la suspensión del juicio a prueba (probation), seis tienen solicitud de requerimiento de juicio y 45 corresponden a imputados con orden de paradero vigente (personas que no son halladas en sus domicilios cuando la policía pretende notificarlas de su situación judicial).

Además de las actas contravencionales realizadas por la policía, también son importantes las denuncias de los vecinos, que desde enero de 2016 suman 75 (Belgrano a la cabeza, con 32). En esos casos, la Unidad de Investigaciones Complejas organizó ruedas de reconocimiento, pedidos del soporte fílmico de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y entrevistas con testigos de cada zona.

Las tareas comunitarias se extienden por tres meses en los sitios convenidos y la suspensión del juicio será efectiva si el imputado cumple con los requerimientos de la probation. Esta metodología podría trasladarse a las otras cuatro Unidades Fiscales de la ciudad. En la Norte, las probations asoman como la punta del ovillo para desentrañar las organizaciones detrás de las personas.

Fuente: La Nación