Comienza el juicio por las "banelco" en el Senado

El ex presidente Fernando de la Rúa será sometido desde el martes a juicio oral, junto a ex funcionarios de su gobierno y legisladores, por el supuesto pago de millonarios sobornos para lograr la aprobación de la ley de Reforma Laboral en abril de 2000.

El juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 3, comenzará a las 14 en el llamado Salón de Usos Múltiples, ubicado en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

Ese día los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo tienen previsto escuchar la lectura de las elevaciones a juicio de las querellas, fiscalía y del juez federal Daniel Rafecas.

Todos los acusados deberán estar presentes en la sala durante este trámite, que podría llevar varias audiencias, luego habrá planteos de “cuestiones preliminares“ por parte de las defensas y una vez resueltas, se dará lugar a que los acusados hablen si lo desean ante el tribunal.

Recién entonces comenzará la etapa de testigos durante la cual los procesados podrían pedir a los jueces dejar de concurrir a las audiencias que se realizarán los martes a las 14 y miércoles y viernes desde las 10.

En principio se calcula que el Tribunal escuchará unos 340 testigos, aunque muchos de ellos podrán declarar por escrito respondiendo a pliegos de preguntas que ya se están enviando porque son senadores o diputados que están excusados de presentarse en persona a declarar.

También se contempla en este caso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aceptada como testigo, pero con la posibilidad de responder por escrito un pliego de preguntas.

Entre los testigos que serán convocados a lo largo de cinco meses de juicio están también los ex presidentes Eduardo Duhalde y Carlos Menem, quien podría responder por escrito dada su condición de senador.

También se llamará a ex senadores como Antonio Cafiero, Eduardo Bauzá, Graciela Fernández Meijide y Jorge Yoma, entre otros, además del titular de la CGT, Hugo Moyano, a quien se le adjudica haber parafraseado al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique con la frase "para los senadores tengo la Banelco" a la hora de referirse a la resistida aprobación de esa ley.

Además declararán periodistas y un chofer de la ex SIDE que habría llevado a Mario Pontaquarto en el trayecto de búsqueda del dinero para los sobornos.

Entre los citados estará el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, quien renunció al gobierno de la Alianza cuando comenzó a destaparse el escándalo de los sobornos, en octubre de 2000.

En el listado se incluyó también a dirigentes gremiales como Armando Cavalieri y a ex funcionarios de la Alianza como el ex ministro del Interior Federico Storani, de Gabinete Rodolfo Terragno y el ex secretario privado de la Presidencia Leonardo Aiello, entre muchos otros.

En el banquillo de los acusados se sentarán el ex presidente Fernando de la Rúa, su ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, además del “arrepentido“ del caso Mario Pontaquarto y los ex legisladores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Todos fueron procesados por “cohecho“ activo los funcionarios y pasivo los senadores a raíz del supuesto pago a senadores de 4.300.000 pesos el 26 de abril de 2000 en la casa del ex senador Emilio Cantarero, tras finalizar la sesión del Parlamento donde se votó la ley de Reforma Laboral.

Cantarero tiene el proceso en su contra suspendido a raíz de su estado de salud, por lo que no formará parte del juicio.

Según la acusación del fiscal federal Federico Delgado, que instruyó el caso, resultó creíble lo referido por el ex secretario parlamentario Pontaquarto, quien confesó haber llevado las valijas con el dinero desde la SIDE, por ese entonces a cargo de De Santibañes hasta el Congreso Nacional.

De La Rúa quedó procesado por "cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos", con penas de hasta diez años de prisión, después de muchos pasos judiciales y fue el último en incorporarse al juicio por decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien encontró pruebas para entender que sabía de lo ocurrido y pudo haberlo ordenado en una reunión en la Casa Rosada.

Télam