El Gobierno hace foco en el norte del país para investigar irregularidades en la entrega de pensiones por invalidez

Durante las últimas semanas el Gobierno denunció irregularidades en la entrega de pensiones por invalidez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Y anunció que realizará una auditoría “caso por caso”.

Ahora trascendieron datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y la ANSES sobre qué provincias cuentan, proporcionalmente, con mayor cantidad de beneficiarios de estas pensiones, que son aquellas donde el Ejecutivo pondrá especialmente la lupa. Todas son del norte del país.

Según reveló un diario norteño, la auditoría del Gobierno se enfocará en una primera etapa en once provincias repartidas entre el NOA y el NEA, que concentran 562.612 de las 1.223.864 de pensiones otorgadas.

Si se considera la población de cada distrito, el ranking con mayor proporción de beneficiarios comienza así:

• Chaco: 99.134 beneficiarios, y 8.686 cada 100.000 habitantes.

• Santiago del Estero: 83.845 pensiones, 7.840 cada 100.000.

• Formosa: 40.860 pensiones, 6.670 cada 100.000.

• Misiones: 82.064, 6.357 cada 100.000.

• Corrientes: 72.146, 5.8999 cada 100.000.

• La Rioja: 17.056, 4.400 cada 100.000.

• Catamarca: 17.659, 4.071 cada 100.000.

• Salta: 58.223, 4.010 cada 100.000.

• Tucumán: 68.395, 3.914 cada 100.000.

Si se suma Jujuy, donde hay 2.862 beneficiarios cada 100.000 habitantes, entre el NEA y el NOA concentran el 58 % des pensiones del país, pese a que no son las provincias más pobladas.

Según fuentes de la ANDis consultadas por Norte, hay comunas que despiertan mayores sospechas como El Quebrachal (Salta), Villa Ángela (Chaco), Monte Quemado (Santiago del Estero), Tafí Viejo (Tucumán), Las Lomitas (Formosa) y Goya (Corrientes). También otros municipios del Gran Buenos Aires como Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencio Varela.

Otra localidad sobre la cual se posará la lupa será Taco Pozo (Chaco), la localidad de 10.222 habitantes donde el fiscal federal Carlos Amad denunció que entre 2020 y 2023 se entregaron 740 pensiones truchas.

En la auditoría preliminar hecha por la ANDis, “de 2.559 casos auditados médicamente solo el 7 % (185) cumplen con los requisitos establecidos”.

La agencia tiene previsto citar por carta documento a los beneficiarios, quienes deberán presentarse en una oficina de la ANSES o en un hospital público. Los médicos determinarán el grado de discapacidad de cada persona, mientras que también se cruzará información para revisar su perfil socioeconómico. Para acceder a una pensión por invalidez, los beneficiarios no solo deben encontrarse imposibilitados para trabajar, sino que debe encontrarse en una situación económica de vulnerabilidad.

Quienes no se presenten ante la convocatoria perderán la pensión que actualmente a 216.000 pesos: 146.000 pesos por el 70 % de una jubilación mínima y 70.000 de un bono.

No serán parte de la auditoría menores de edad y adultos mayores.