Gostanian fue procesado por malversación de caudales públicos e irá a juicio oral

Armando Gostanian, ex titular de la Casa de la Moneda durante el Gobierno de Carlos Menem, deberá ir a juicio oral en el marco de una causa en la que se investiga el pago de sobreprecios en la compra de maquinarias para emitir billetes.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento por malversación de caudales públicos, que impone una pena de dos a diez años de cárcel para el funcionario que sustrajere dinero público que le ha sido confiado en provecho propio.

El fallo recayó sobre Gostanian, presidente de la Casa de la Moneda entre 1989 y 1999, quien ya se encamina a un juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito, en un expediente que instruyó el juez federal Norberto Oyarbide.

También hubo confirmación de los procesamientos del director de esa entidad, Juan Carlos Kalfaian; el gerente general de ese organismo, Rubén Chorbadjian, y el empresario Jorge Molina, que cumplía funciones de representante comercial de una firma alemana.

Si bien ratificaron las pruebas que había tenido en cuenta el juez Lijo, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah resolvieron rebajar el monto del embargo: en vez de 25,4 millones de pesos se le impuso 10 millones de pesos a cada uno de los imputados.

Las defensas de los acusados intentaron desacreditar la decisión que había tomado en junio del año pasado el juez Lijo: pusieron sombras en la investigación, hablaron de prescripción y cuestionaron la figura de "peculado". Incluso, la defensa de Gostanian planteó que el amigo del ex presidente Menem no había tomado parte en las decisiones que llevaron a las contrataciones cuestionadas. Pero el fallo de la Cámara Federal estableció que alcanza para probar su participación en los hechos una prueba clave: el depósito de 1,5 millón de euros que la empresa alemana Atlantic Zeiser SRL (AZ GmbH) habría realizado en una cuenta abierta por Gostanian y su mujer.

La causa apunta a esclarecer si, como se determinó en primera instancia, desde la Casa de Moneda Sociedad del Estado se pagaron sobreprecios en "diversas contrataciones llevadas a cabo durante los años 1994 y 1999, a través de las cuales se adquirieron equipos y repuestos de maquinas numeradoras a la empresa alemana Atlantic Zeiser GmbH & Co.KG., representada en el país por Moligraf S.A.I.C., luego Acremo S.A".

Según se explica en el fallo, "de común acuerdo entre las partes, la maniobra habría consistido en elevar los precios de los bienes a adquirir entre un 40 y un 50 por ciento de su valorreal a efectos de que, una vez efectuados los pagos por parte de la Casa de la Moneda, Atlantic Zeiser depositara tal diferencia en cuentas bancarias predeterminadas".

El encargado de confirmar el acuerdo y los porcentajes de sobreprecios habría sido un representante de la firma alemana, Karl George Schillinger, ante las autoridades judiciales de la República Federal de Alemania, según la causa.

La Cámara Federal valoró especialmente "la información remitida por la Confederación Helvética Suiza, a partir de la cual se lograron individualizar los depósitos efectuados por la firma Atlantic Zeiser en la cuenta 0206-90.031.951 del Swiss Bank Corp. de Zürich, Suiza, perteneciente a Armando Gostanian". "La inexistencia de constancias documentales que acrediten la existencia de reuniones con Gostanian carece del sentido desincriminante pretendido, a poco que se repare en el hecho de que Atlantic Zeiser depositaba la parte proporcional del excedente facturado en la cuenta bancaria que, a nombre del imputado, se encuentra en el Swisse Bank Corp. De allí que no existan dudas a esta altura en torno a cuál ha sido su intervención en el hecho reprochado", sostuvo el tribunal.

Los jueces consideraron que "el contundente cuadro probatorio que se alza contra los aquí imputados, que ha sido extensa y prolijamente desarrollado" por el juez Lijo, "determina la homologación de los procesamientos dictados".

La Cámara también ratificó que los delitos se analicen bajo la figura de peculado, descripta en el artículo 261 del Código Penal, ya que -se señaló- "se modificaron los valores de diversas compras con la única finalidad de apropiarse de losfondos pertenecientes a la administración pública".

DYN