La política de seguridad pública santafesina marca prioridades en la agenda

Uno de los ejes centrales de la gestión de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe, y también uno de los puntos más sensibles, es el de la seguridad. No es para menos. Ex ministro del área, y activo legislador en la materia antes de eso, el gobernador asumió con una situación de violencia criminal exacerbada, más que nada en Rosario, y cierto descontrol orgánico en el funcionamiento del esquema de seguridad.

Con una policía desprestigiada y una respuesta judicial insuficiente, parte de su estrategia se basó en alentar una normativa que eficientice la persecusión, atraiga a la órbita provincial el combate al narcomenudeo y endurezca las condiciones de la vida penitenciaria. Y, paralelamente, en requerir y gestionar el respaldo y el aporte concreto de la Nación.

Aunque no sin momentos de rispidez y algún “sapo” indigesto, ese respaldo llegó a través del “Plan Bandera” y la activa gestión de la ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich. Y tuvo una nueva instancia de puesta en escena en la semana que pasó a cargo de quien la sucedió en el cargo, Alejandra Monteoliva.

Los números y el discurso

La ocasión no fue casual, ni meramente institucional. Fue el momento en que el gobierno provincial expuso las refulgentes estadísticas de la abismal caída en el índice de homicidios en general, pero sobre todo los encuadrados en el accionar mafioso.

La filiación de esos registros siempre fue compartida públicamente por las jurisdicciones provincial y nacional, pero los matices y los énfasis discursivos, y los comentarios soto vocce, nunca dejaron de ser un territorio de disputa.

Los mutuos y enfáticos elogios celebratorios entre Pullaro y Monteoliva, prolijamente linkeados a Bullrich, no borraron el mal sabor de declaraciones de otro tenor o actitudes que salpicaron el proceso (como la inauguración de la cárcel federal de Coronda), e incluso la inquietud despertada en las filas santafesinas por el anuncio de una “reasignación” de recursos de parte de la Nación.

Incluso, en vísperas electorales, alguna desafortunada declaración forjada en el fragor de la contienda y del estilo virulento y descalificatorio que alimenta las fraguas libertarias, pareció contradecir ese historial de tanto y tan intenso esfuerzo conjunto.

En cualquier caso, sin descuidar el reconocimiento y agradecimiento al gobierno central, el mandatario santafesino se aseguró en cada oportunidad de poner en agenda las acciones concretas llevadas a cabo por las instituciones provinciales, y sus principales referentes.

Según la Dirección Nacional de Estadística Criminal, durante enero se contabilizaron nueve homicidios en el departamento Rosario, frente a los 16 que hubo en enero del 2025; y doce en toda la provincia. En consonancia con ello, Pullaro aseguró que 2024 y 2025 “fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe”.

Estrategias

Junto a Monteoliva, en un acto de entrega de camionetas de parte de la Provincia a las fuerzas federales, el gobernador se aseguró de resaltar que la articulación entre Nación y Provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe”.

Pullaro agradeció la “definición política” que hizo posible el Plan Bandera. Pero también destacó el rol de la Legislatura provincial, con la que se avanzó en leyes “que nadie se animaba a debatir” frente a lo que calificó como una etapa dominada por una “corriente garantista”. Y valoró el trabajo del Ministerio Público de la Acusación y de fiscales “muy comprometidos”.

“Sabíamos que los eneros eran complicados en Rosario, fortalecimos los recursos, y este enero fue distinto. Los resultados no se logran por casualidad, por magia, se logran cuando hay trabajo, cuando hay planificación, cuando hay orden, cuando hay seguimiento y nosotros, los decisores políticos, somos los que empujamos”, apostilló la ministra.

El frente interno

Paradójicamente, de manera simultánea levantaba presión el descontento policial, basado en una serie de demandas insatisfechas y detonado por el suicidio de un oficial de Vera que cumplía funciones en Rosario, que se sumó a otros casos de muerte por mano propia o agresiones fatales.

El reclamo, basado principalmente en motivos económicos, pero también en condiciones de trabajo y la necesidad de “contención”, circuló intensamente por redes sociales, y cobró cuerpo a través de la concentración de efectivos en distintos puntos de la provincia.

Aunque atribuyeron un carácter algo “difuso” a los planteos y echaron en falta la posibilidad de contar con interlocutores claramente definidos, las autoridades provinciales activaron los canales de diálogo y no tardaron en anunciar una verdadera batería de medidas tendientes a aplacar los ánimos y exhibir una traducción cuantificable del apoyo a la fuerza que flamea en las alocuciones oficiales y en el encuadre de las leyes y reglamentaciones.

Los anuncios se distribuyeron entre la puesta en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo (potenciando lo ya existente) para los efectivos y su grupo familiar; transporte gratuito; alojamiento en Rosario y Santa Fe para agentes con residencia en otras localidades (con la opción de facilidades para alquilar), la creación de tres nuevos suplementos salariales y el incremento de rubros ya existentes.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se basó en estos anuncios para dejar en claro que la de Pullaro es una "gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad". "Todo lo que podamos darles siempre me va a parecer poco", aseveró, y valoró que pese al "clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la institución.

"Se manifestó el descontento respetando la seguridad de los santafesinos - enfatizó-. Lo que se planteaba era razonable. Somos una gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad. Nunca vamos a tener un gesto de desvalorización hacia ellos; estamos agradecidos con ellos", añadió.

La atención al recurso humano pretende completar así el esquema de la política de seguridad, direccionando en este sentido un caudal importante de inversión, como el destinado al propio equipamiento de la fuerza y la ostensible provisión de equipamiento y tecnología.

Intenta, a la vez, cerrar un flanco interno de protesta y disconformidad que halla cauce también en otros sectores de la administración (sobre todo y de manera más altisonante los docentes, pero no solamente) que siguen marcando discrepancias en orden a la política salarial y las medidas para el saneamiento del sistema previsional.

Presente y futuro

Pero volviendo a la cuestión de Seguridad, el acto de Rosario fue la oportunidad para exhibir coincidencia en un tema de fondo, en momentos en que éste atraviesa el debate público nacional, sigue el camino parlamentario para su institucionalización y se apalanca en casos de extrema sensibilidad, como es el de la ley penal juvenil.

Como lo vino haciendo reiteradamente en recientes manifestaciones, el gobernador utilizó un tramo de su alocución para alentar “a que se trate de una vez por todas el proyecto de la baja de imputabilidad. No puede ser que un menor cometa un delito de mayor y el Estado bobo no pueda perseguirlo ni hacer nada sobre esa persona”.

“Veamos qué hacemos también con los inimputables -agregó-, cómo el Estado los puede tener para que no sigan cometiendo delitos violentos, y lo decimos acá, que hemos tenido muchos menores que han cometido homicidios para las organizaciones criminales”, agregó.

“Animémonos a cambiar, y así vamos a poder lograr mejores niveles de seguridad”, remató el mandatario, conectando la cuestión al tema central que atravesó la semana política y se proyecta como materia deliberativa para los próximos días. Y que, como en los demás casos, requiere la celeridad de atención que demandan las urgencias de la coyuntura, como la detenida y meticulosa consideración que amerita el futuro que se pretende construir.