El campo quiere, el gobierno no puede

Cuando a fines de diciembre último el Congreso dejó sin Presupuesto 2022 al gobierno nacional, reapareció en escena el tema de las retenciones. ¿Por qué?. A fines de 2019, cuando se sancionó la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación legislativa. Pero esa norma tenía fecha de vencimiento: el 31 de diciembre de 2021. El proyecto de ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán buscaba que esa facultad se extienda hasta 2024.

La cuestión comenzó a desviarse porque cada uno por su lado, agro y gobierno, interpretaron la situación a su manera. En el kirchnerismo sostienen que las retenciones continúan vigentes, mientras que diputados de la oposición y dirigentes rurales afirman que a partir del 1° de enero de este año el tributo quedó sin efecto, lo cual abre la puerta a una eventual judicialización de casos.

La Mesa de Enlace expuso el tema en la asamblea de productores autoconvocados realizada el 8 de este mes en Armstrong. Los chacareros presentes pidieron una reducción de la presión impositiva y abrieron la puerta a la posibilidad de medidas de acción directa para reclamar que la ley se cumpla. Pero las retenciones están lejos de desaparecer. Sí, lo que cambiaría de ahora en más es la potestad que tenía el Ejecutivo para incrementarlas hasta un cierto punto sin pasar por el Congreso. Sería aplicando el artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto. De lo contrario, podría dictar una resolución o un decreto que fije las alícuotas de las retenciones para despejar cualquier especulación.

Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria durante la administración de Cambiemos, hoy diputado nacional por Formosa dentro del mismo espacio, fue el primero en abocarse al tema y sostuvo en sus redes sociales: "Nuestra interpretación es que con el vencimiento de las facultades para fijar el nivel de retenciones, el tributo deja de tener sustento legal. Desaparece. Entendemos que el Gobierno va a decir que una vez fijadas, se mantienen sin cambios, pero no es así como funciona. Caso por caso, se va a judicializar", apreció el legislador. E insistió: "La CSJ (Corte Suprema de Justicia) ya se expidió respecto al art. 755 del CA (Código Aduanero) considerando que compete al Congreso de la Nación la fijación de tributos y que la delegación de facultades no puede ser tan amplia ni sin fecha de caducidad. Si quieren retenciones tienen que pasar por el Congreso", tuiteó.

La pregunta que se hacen los productores es si el agro está en condiciones de volver a aquellos meses de 2008 cuando la resolución 125 llenó de aire sus pulmones y los impulsó a las rutas, incluyendo ceses de comercialización de granos y hacienda durante semanas.

La respuesta del gobierno no se demoró. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, les aclaró en forma enfática a los chacareros que la eliminación de las retenciones "no forma parte de la agenda del Gobierno y tampoco de la de este ministerio", aunque les reconoció su legítimo derecho a reclamar. Pero redobló la apuesta al asegurar que "en ningún momento estuvo en discusión el tema de las retenciones. Nosotros tenemos que seguir avanzando con el mandato que tenemos por delante y el mandato es aprovechar la enorme capacidad que tiene el sistema productivo argentino", remarcó.

Seguramente, las interpretaciones y las posiciones se seguirán escuchando. Convengamos que si bien ésa puede ser la bandera que el agro intenta mantener flameando, hay otras cuestiones actuales también importantes. Un solo ejemplo sirve: por la sequía, la economía pierde U$ S 4.800 millones, es decir el 1% del PBI. Eso generará pérdidas colaterales. Sería buena mirar el conjunto, no solo lo que a mí me ocurre.