El capítulo argentino del caso Odebrecht

No podía ser de otra manera. A medida que los máximos responsables de la empresa brasileña Odebrecht -la tercera constructora más grande del mundo- brindan información a la Justicia con el objetivo de reducir sus penas, comienza a abrirse una verdadera “caja de Pandora” con un capítulo vinculado a la Argentina.

Por lo que hasta ahora se sabe, los brasileños habrían pagado sobornos en el país por un total de 35 millones de dólares, para acceder a la posibilidad de realizar tres proyectos de obra pública que en conjunto representaban 278 millones de dólares. En todos los casos, los sospechosos están relacionados con el Ministerio de Planificación Federal, conducido de principio a fin de la era kirchnerista -lo que no es un dato menor- por el ahora diputado nacional Julio de Vido.

A esta altura de las circunstancias, ya no quedan dudas de que esa cartera fue, a lo largo de más de una década, el centro de operaciones desde donde se recaudaron de manera irregular fondos provenientes de una matriz de corrupción que se convirtió en un verdadero modus operandi de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Sólo por mencionar algunos antecedentes inmediatos, se pueden recordar las cinematográficas imágenes de máquinas retroescavadoras buscando dinero en la Patagonia, en la causa que investiga el milagroso enriquecimiento del ex empleado bancario Lázaro Báez, devenido -con rapidez- multimillonario empresario constructor.

En esta verdadera saga que ocupó gran parte de 2016, también aparecen aquellos patéticos personajes contando millones de dólares en una financiera conocida como La Rosadita; o José Francisco López, número dos y mano derecha del ex ministro De Vido, detenido mientras intentaba ocultar ocho millones y medio de dólares en los predios de un falso convento ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

López siempre mantuvo un bajo perfil. Sin embargo, su rol en la distribución de la obra pública era fundamental. Si bien nació en Tucumán, se convirtió en hombre de confianza de Néstor Kirchner cuando éste aún manejaba los hilos del poder en la provincia de Santa Cruz. En el Ministerio de Infraestructura, administró millonarios fondos durante todo el kirchnerismo. Las únicas cuentas que no pasaban por sus manos, eran las destinadas al área de Transporte.

Pero en Transporte, el manejo de los recursos no fue más transparente. De hecho, el ex secretario -y subalterno de De Vido-, Ricardo Jaime, se encuentra preso por corrupto. La prisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa en la que se lo investiga por el pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. Recientemente, fue procesado por haber recibido coimas de la empresa Teba, que de esta manera accedió a un millonario negocio de explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, en Capital Federal.

Y a medida que comienzan a trascender detalles sobre el capítulo argentino del escándalo de Odebrecht, surgen los mismos nombres. Entre ellos, el de Ricardo Jaime, el de un supuesto testaferro y otro conocido empresario con dudosos antecedentes penales.

Un año después de que el kirchnerismo abandonara el poder, resultan abrumadoras las evidencias que demuestran cómo la corrupción se convirtió en el eje central del modo de administrar los poderes públicos.

De hecho, Cristina Fernández debe rendir cuentas ante la Justicia en causas tan diversas como la denominada “ruta del dinero K”, la venta irregular de dólar futuro, la “causa Hotesur”, la falsificación de documentos públicos en la causa “Los Sauces SA” e inconsistencias en algunas de sus declaraciones juradas.