Un raro caso: curioso planteo ante organismo de la ONU

I - Las sorpresas dejan de serlo por la cotidianeidad. La idea era comenzar estas pocas líneas diciendo "para nuestra sorpresa…" pero el devenir de los hechos de estos meses (varios) hace que lo inimaginable ocurra casi con naturalidad.

II - El lunes 23 de enero de 2023, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se presentó en el cuadragésimo segundo período de sesiones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se reunió en Ginebra. En párrafos destacables de su intervención, el funcionario se encargó de mencionar los casos de Cristina Kirchner y de la dirigente Milagro Sala, ambas con condena judicial.

En el caso de la vicepresidente, Pietragalla Corti dijo que se busca proscribirla, mientras que en referencia a la integrante de la agrupación Tupac Amaru aclaró que "está detenida arbitrariamente". Concluyó, además, reclamando el apoyo internacional para la ofensiva del actual gobierno del país en contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su discurso agregó algunos cuestionamientos del gobierno a la Justicia, en particular sobre "el caso emblemático de lawfare en la Argentina es el que tiene por víctima a la actual vicepresidenta" que "ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica". Estimado lector: solo puedo decir que no contestaré correos ni responderé mensajes a mi móvil. Tampoco yo entiendo esto.

III - El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de la ONU, que está encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los mismos y formular recomendaciones sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir y atender temas que requieren su atención. Está compuesto por 47 estados miembros de la ONU elegidos por la Asamblea General.

Para que una denuncia sea admisible se deben cumplir ciertos criterios: presentar por escrito; descripción lo más detallada posible de los hechos relevantes (los nombres de las presuntas víctimas, las fechas, el lugar); no tener motivaciones manifiestamente políticas; no basarse en informes de los medios de comunicación: haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna; no usar lenguaje ofensivo; no es para presentar recursos en casos individuales ni para indemnizar a presuntas víctimas.

Vale también aclarar que lo puede presentar cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental en: Complaint Procedure Unit, Human Rights Council Branch, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. También por correo a cp@ohchr.org

IV - Tomando solo un segmento del tridente argumental, el funcionario argentino afirmó que a la Dra. Fernández de Kirchner "se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta". "Es claro que, bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política",. agrega. Para luego seguir reprochando que "se garantiza la impunidad a personas vinculadas al poder económico que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que han condicionado al país y generado pobreza e indigencia".

Sería irresponsable -por lo menos- opinar sobre una causa judicial sin conocerla, sin haber visto el expediente. Pero anotamos al menos dos omisiones gruesas. El secretario Pietragalla tiene un largo recorrido en los Derechos humanos: fue diputado nacional, director del Archivo Nacional de la Memoria y secretario del ramo en Santa Cruz. También llevó adelante otras funciones y tareas que le brindaron particular expertis en estos temas. Al respecto sabe muy bien que muchos militares, policías y civiles condenados en los tantos juicios por violación a los derechos humanos que ocurrieron en la feroz dictadura, lo fueron por la responsabilidad objetiva (Causa "Quinta de Funes", "Base Naval II", "Solari Yrigoyen", "La Escuelita", "Megacausa Arsenal". (Causa Brusa; https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/03/24-20120518-Sala-II-Brusa-BRUSA.pdf)

En cuanto a la "garantía de impunidad" se debe recordar que el presidente anunció en la apertura del año legislativo de 2021 la presentación de una denuncia y que el Estado sería querellante. Todo ello fue iniciado el 12 de marzo por la Oficina Anticorrupción, cuando estaba Félix Crous, que presentó denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, por defraudación al haber administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública, y malversación de caudales públicos.

V - La otra línea de consideración del funcionario es "la pérdida de credibilidad del actual máximo tribunal de justicia de la Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuren fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el estado de derecho de nuestro país".

Como en el recinto hay personas de las más variadas nacionalidades y, por lo tanto, usuarios de otras tantas lenguas, algunos y algunas se pararon para pedirle a los traductores que sean fieles, ya que no podían creer lo que por la voz del intérprete les llegaba a sus oídos.

Seguía exponiendo que "una pérdida de legitimidad del Poder Judicial, entre otras razones, por la práctica del 'lawfare' o 'guerra jurídica' busca eliminar al adversario" y, "por eso, siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos". Abundó en su flemático discurso que "esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos". En posición de alto catedrático aseveró que "la manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la 'delación premiada' para iniciar procesos sin sustento".

Como ya el lector puede estar perdido, vale expresar que esa persona perseguida, no era un universo de mendicantes, es nada menos que la persona más poderosa del país, sin referir a cuestiones económicas, en ejercicio de la vicepresidencia de la Nación y con un poder de intención de voto que nadie en forma individual le puede llegar ni siquiera a los talones. Esa es la persona que no puede imponer una agenda de Derechos Humanos. Esa queja por el abuso de la prisión preventiva en boca de sectores que pedían a voz en cuello mazmorras para los integrantes de la temeraria organización criminal denominada "Los Copitos", no sonaba muy coherente.

VI - Debería aplicar una máxima de mi madre que cuadra al caso, "fueron por lana y salieron trasquilados". Casi en forma espasmódica al menos dos Estados "hicieron mención a la situación de la Justicia en Argentina y fue para recomendarle al Estado que tome medidas para fortalecer la independencia judicial". El encomillado nos pertenece y son términos textuales del propio Pietragalla.

Pero unos días antes de esta denuncia del Estado Argentino en contra de sí mismo, Human Rights Watch (HRW), organización de derechos humanos no gubernamental integrada por personal técnico y expertos de los países en los que operan y fundada en 1978, presentó un informe.

Sólo en lo relativo estrictamente a derechos humanos expresa su preocupación para enfrentar los problemas como la pobreza, la inseguridad y la degradación ambiental de esta gestión. Pero concretamente y por el motivo de su queja, dice HRW que "el presidente, la vicepresidenta y miembros del Gobierno han empleado una retórica hostil contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente". El gobierno ha introducido "varias reformas al sistema de Justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales. En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que Gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte... las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho".

Tamara T. Broner, directora de HRW para las Américas, manifestó que "el anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación), junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes".

VII - Estamos a menos de un año de la finalización del mandato y no solo que no se solucionan las cuestiones básicas de directo impacto entre la gente –alimentos, trabajo, seguridad, vivienda- sino que se generan grietas en las instituciones fundamentales de la República. Esta denuncia, sin dudas es un raro caso.