Energía alterna

El gobierno provincial anunció esta semana que -además de hacerse cargo de los casos sociales abandonados por la Nación- habrá tarifas eléctricas subsidiadas parcialmente para ciertos sectores productivos.

Lo había adelantado El Litoral y se concretó ahora: por mes serán unos 400 millones de pesos (los hogares vulnerables recibirán 1.500) para industrias electrointensivas, tambos, empresas avícolas, arroceras, fábricas de helados y panaderías.

La decisión ocurre en un contexto relevante para el sector de la distribución de la energía en el país. El traspaso de las concesiones que la Nación le subsidiaba a la Provincia de Buenos Aires y la capital federal, en manos de Edenor y Edesur.

Desde siempre porteños y bonaerenses recibieron fondos nacionales para el consumo no registrado de los barrios más excluidos, que aquí la EPE prorratea en sus costos internos y pagan los usuarios regulares.

El mercado más concentrado del país, además de esa asimetría producto de las privatizaciones (se vendió por separado lo más jugoso del negocio) gozó durante el kirchnerismo de más aportes del Estado que en la actualidad. Hasta los sueldos, en aquel congelamiento tarifario insostenible, se los pagó la Nación.

Lo natural, lo político

En el siglo XIX, el descubrimiento de la corriente alterna (de Tesla) sustituyó en muy poco tiempo a la continua (de Edison). Entre 1880 y 1890 en Estados Unidos hubo una breve “guerra de corrientes”, en rigor por la apropiación del mercado, con el resultado conocido. Se abarató la distribución y el transporte de la energía eléctrica, y se creó -como antes con el ferrocarril- otro mercado monopólico natural.

Hace más de un siglo que nadie discute la ingeniería del sector eléctrico, sí sus políticas. Durante los últimos tres años, en la Argentina se ha hablado mucho de tarifas, de decisiones políticas poco. Acaso, porque la principal oposición a nivel nacional tiene en la materia antecedentes muy flojos.

El proyecto santafesino para colaborar con las tarifas eléctricas del sistema productivo -aún de forma acotada- ratifica que las leyes del mercado sirven para entender la economía, pero no para transformarla. Y que, como las leyes en general, aquellas pueden ser reglamentadas en su promulgación.

Si hubiera debate, la novedad santafesina debería a incomodar a otras provincias y a la Nación. No tanto por sus números sino por lo que dice. Es un “sí se puede” apartarse del catecismo del pecado de subsidiar. (La irracionalidad que aplicó el gobierno anterior lo convirtió en conveniente anatema para los ganadores del esquema actual). Obviamente, es una pequeña señal en medio de un país que le ha obsequiado a la generación precios en dólares, sin renegociar contratos ni mucho menos observar ganancias. (Pronto se verán los efectos tarifarios de la devaluación en curso).

Recuerdos

No es la primera vez que en Santa Fe el costo de la energía es distinto para su sector productivo. Una medida más abarcativa del comercio y la industria se tomó en el segundo gobierno de Jorge Obeid, cuando optó por darle a la EPE la oportunidad de ser eficiente dentro del Estado. A cambio, hubo de los empleados una resignación de sus ingresos. Ahora será el Estado quien subsidie.

Podrá decirse que el anuncio de la Casa Gris es parte de la campaña electoral. Todo lo que ocurra este año será parte de ella, con o sin especulaciones electoralistas. El anuncio para la EPE llegó junto con la expresión de deseos de que Santa Fe tenga otra vez una banca pública, justamente cuando el oficialismo imagina que después de las Paso enfrentará a Omar Perotti, el privatizador del banco provincial.

Hace más de un siglo que nadie discute la ingeniería del sector eléctrico, sí sus políticas. Durante los últimos tres años, en la Argentina se ha hablado mucho de tarifas, de decisiones políticas poco.