Por Coni Cherep
La renuncia de Marcelo Vorobiof a la presidencia del Ente Portuario de Santa Fe puso a las claras varias cosas: que hay gobiernos que aceptan el accionar de la Justicia y actúan en consecuencia; que en Santa Fe las instituciones funcionan sin privilegios; y que detrás del Puerto, más allá de la veracidad o no de las acusaciones, siguen existiendo sectores económicos escondidos detrás de algunas máscaras políticas, que no quieren que el proyecto avance.
Hay fundadas sospechas para que Marcelo Vorobiof deba rendir cuentas en la Justicia. Las suficientes como para que su continuación en el cargo no significaran un perjuicio severo a la continuidad de la licitación del Puerto nuevo y la culminación del Plan Director que se viene aplicando en el “viejo”. De esas sospechas, judicializadas, se encarga el fiscal Jorge Andrés y deberá encargarse el juez . De las políticas, una comisión exclusivamente armada por el peronismo vernáculo y en la que se destaca la participación de algunos de los dirigentes que obstaculizaron la recuperación portuaria santafesina durante los últimos 30 años. De las respuestas a esas investigaciones, deberán hacerse cargo el ahora ex funcionario Vorobiof y el gobierno de Santa Fe, como actor público en el ente mixto. De las consecuencias de la gestión hasta el 18 de agosto de 2014. De las supuestas irregularidades y de los supuestos beneficios para familiares y amigos. Esto es y será inexorable: en Santa Fe, queda demostrado, no hay coronitas; y si un funcionario debe dar explicaciones, las dará. Y las dará fuera del cargo. Y no se harán elucubraciones en el ámbito judicial cuestionando a los jueces o a los fiscales por lo que resuelvan. La división de poderes resulta extrañamente clara, casi un oasis, en un país donde las cosas funcionan exactamente al revés. Ni el gobierno perseguirá al fiscal ni al juez, ni se dirá que hay una persecución política desde la Justicia, ni habrá argumentos diciendo que “esta vieja Justicia es la que se opone a los cambios”. Esto se puede afirmar en tanto y en cuanto el funcionario sospechado no dejará de rendir cuentas porque abandonó su cargo, ni contará con las mayorías automáticas para cerrar las puertas a la investigación paralela que realiza la comisión legislativa creada “ad hoc”. Vorobiof rendirá cuentas en esos ámbitos, pero ya no será funcionario. Y si resulta inocente, podrá reivindicar su honor. Y si resulta culpable, tendrá que cargar con las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, el Ente continuará una tarea bastante avanzada, de concretar la realización del nuevo Puerto. Una obra que casi la totalidad de los santafesinos entienden clave en el horizonte del desarrollo local. El último puerto de ultramar al norte de la hidrovía, que no solamente generará mano de obra en su construcción y en su desarrollo, sino que contribuirá sustancialmente al abaratamiento de los costos de exportación de la producción (de materias primas y de la industria ) del norte santafesino, argentino y de buena parte de los países del continente, a los que les conviene el punto estratégico de localización de la nueva estación portuaria. Los santafesinos nos debemos esta obra desde hace 35 años. El cierre del Puerto, junto al desmantelamiento de la Fiat, implicaron los dos puntos centrales del hundimiento de una ciudad, que pasó a convertirse en una morada exclusiva de la administración pública, y en un lugar que desde entonces generó pobreza y exclusión, como pocas en el país. La transformación de un baldío Esa historia de la ciudad tiene al menos tres fragmentos: la dictadura y su plan de eliminación de la industria nacional; los 25 años de gestión peronista que no consiguió en ese tiempo la concreción de inversiones productivas para la ciudad y la zona; y los seis años y ocho meses de gobierno del Frente Progresista, en los que se avanzó -sensiblemente- en la recuperación del proyecto portuario y en una transformación del viejo Puerto, en un espacio de radiación comercial y turística; aquel lugar que mientras gestionaban la dictadura y el peronismo, apenas era un baldío del que se beneficiaban, casi sin regulación, los viejos usuarios del predio. Ese uso indiscriminado del predio fue suplantado por un proyecto de crecimiento que hoy se ha convertido en un lugar de inversión, con todas las dudas que se puedan poner sobre ellas, y con todas las respuestas que indefectiblemente se deban dar. De aquel viejo baldío a este espacio donde se invirtieron millones y millones de pesos para la radicación de hoteles, casino, bancos, edificios de oficina, centros comerciales, complejos cinematográficos, edificios de vivienda, guarderías acuáticas, estacionamientos, supermercados, casi todas las concesionarias de automotores y la recuperación turística del mismo, hay una distancia sideral. Solamente quienes niegan que la actividad de crecimiento deba ser de la mano entre el Estado y la inversión privada, pueden negar la importancia del proceso que se dio en los últimos siete años. Solamente quien observa a la actividad lucrativa de los privados como una acción sospechosa, puede negar esa irrefutable realidad. El viejo debate entre la “Santa Fe Industrial y la Santa Fe Portuaria” propone una nueva instancia de discusión y no hay que temerle a las definiciones: los que pujan a favor de la continuidad del proyecto exponen claramente sus intereses. Los otros, no tanto. Le costó mucho a Hermes Binner entender la centralidad del proyecto Puerto Santa Fe. Porque en Rosario se generó una corriente de pensamiento contraria a la concreción, que durante un buen tiempo contagió el ánimo del ex gobernador. Pero hubo puntos de inflexión, y quien escribe fue testigo de uno de ellos: la reunión del ex gobernador con los posibles aspirantes a invertir en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires. Esa mañana, Binner dijo que la decisión de avanzar con el Puerto era irrevocable. Y esa afirmación contó con un compromiso claro, desde el arranque, de la gestión que encabeza Antonio Bonfatti. El poder político oficialista es unánime respecto del proyecto. Del peronismo no se puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque contando con todos los recursos del Estado, con todas las relaciones intergubernamentales nacionales, con gestiones (como las dos de Reutemann) que se jactaban de recibir créditos y contar con fuertes apoyos internacionales, nunca avanzaron en la concreción de la obra. De indiferencias y máscaras Recién en el final de la gestión Obeid, se hizo la licitación del complejo Hotel Casino, pero alrededor de eso, nada más. Un proyecto de Plan Director sin demasiadas precisiones y la determinación de la nueva localización del nuevo Puerto. Nada más. Esa indiferencia en los hechos por parte de aquellas gestiones valen mucho más que los centenares de discursos que puedan enarbolarse como antecedentes. “Mejor que decir es hacer”, repetían. Y en este caso, la frase los condena. Ahora, y sin que esto implique salvar la eventual responsabilidad del renunciante titular del Ente, muchas de aquellas caras que colaboraron en el sostenimiento del baldío y los gratuitos beneficios de decenas de empresas que lo ocupaban, vuelven a aparecer en la Comisión Investigadora. Eso sí: se encargan de decir que están a favor del Puerto. Como lo hicieron durante 25 años corridos de gestión. Que una cosa no implica la otra, y saben perfectamente que si: en el mundo de los negocios, y en un país que se ha encargado de volverse imposible para las inversiones extranjeras, este escándalo no favorecerá nunca a la conclusión feliz del traslado del Puerto. No será el argumento de defender la “corrupción patriótica” que algunos hacen para justificar a Amado Boudou, el que me pille adoptando. Sólo reiteraré un dato objetivo: si estábamos cerca, hoy estamos un poquito más lejos. Y a lo mejor, es lo que estaban esperando algunos actores privados del sur provincial, algunos otros de esta zona de la provincia, y un grupo de máscaras políticas que jamás se animarán a decir lo que uno sospecha: que trabajan para que el Puerto no se concrete. Y mucho menos bajo la gestión del Frente Progresista.