Gran parte de la retórica incendiaria de esta semana tiene que ver con esta tensión fiscal, en particular con las retenciones. Dicen que para muestra falta un botón: una provincia como Santa Fe, que entre enero y noviembre del año pasado aportó el 53,9% del total recaudado a nivel país en materia de retenciones, no tiene casi participación sobre la renta agrícola. Según el ministro de economía Pablo Olivares, nuestra provincia solo representa el 2% del costo de la carga tributaria por hectárea, mientras que Nación el 76,8%. Otro punto de fricción surge de la decisión de la administración Milei-Caputo de cargar todo el costo del ajuste sobre los hombros de los estados subnacionales. El año pasado el gobierno nacional redujo las transferencias y la inversión real directa en las provincias a valores nunca vistos. Se trató, tal como señalamos varias veces en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, de un quiebre del pacto constitucional en la República Argentina, por el cual las provincias, preexistentes a la nación, ceden sus recursos para que los mismos vuelvan en obras, en servicios y políticas púbicas.