Los productores merecen mucho más que un calmante

Hasta noviembre de 2024, Neuquén percibió por regalías petroleras $1,2 billón, en base a una actividad de extracción de recurso natural, ejecutada con inversiones de empresas multinacionales. El canon por la producción de gas y petróleo explicó más de cuatro de cada diez pesos que entró al Tesoro de la provincia administrada por el gobernador Rolando Figueroa.

El contraste en el trato tributario es brutal, comparado con lo que se le dispensa a la producción agroindustrial en provincias como la de Santa Fe.

La actividad económica no es extractiva en este caso; sin la inversión de los "paquetes tecnológicos", el recurso del suelo sería degradado a minería y el país perdería gradualmente su principal fuente de divisas hasta hoy. Una que se debe preservar para futuras generaciones y que no se basa en la mera disponibilidad de recurso, sino en el trabajo y la permanente actualización.

Son los productores "primarios" los que asumen la inversión y el riesgo; sobre ellos recae el costo de los derechos de exportaciones que realizan grandes multinacionales, pero cuya factura se carga en la cuenta del primer eslabón (aparente) de la cadena.

Maltrato fiscal

Ningún país del mundo, excepto la Argentina, dispensa un maltrato fiscal naturalizado como el que padecen los productores agropecuarios. Como si no pagaran Ganancias, Ingresos Brutos sobre bienes y servicios que adquieren, tasas y una larga lista de la compleja y pesada mochila impositiva del país.

Las retenciones fueron reimplantadas por el tipo de cambio alto tras una devaluación; fue durante el interinato de Eduardo Duhalde en la presidencia, a la salida de la Convertibilidad, con la remanida mentira del "provisorio para siempre". La corporación política de la democracia le debe al sector una salida respetuosa a la injusta discriminación.

Esa discriminación negativa se extiende a la provincia. A diferencia de Neuquén, Santa Fe no cobra regalías por la explotación de su principal actividad económica. Ni siquiera se le permite cobrar el distorsivo impuesto sobre "Ingresos Brutos" (que pagan hasta los kioscos) a las grandes multinacionales, por la cooptación del gobierno central a ese espacio fiscal.

¿Acaso gestionó algún dirigente, al menos, el descuento de la inversión para que los suelos no se degraden?

Discriminaciones

La recaudación del gobierno central por retenciones a la agroindustria en 2022 (dato de la Bolsa de Comercio de Rosario omitiendo el 2023, afectado por la sequía) superó los US$10.750 millones; US$ 4.370 millones salieron de Santa Fe, que aportó 42% del total.

La agroindustria explica el 92% de esa cifra, pero las rutas a los puertos son poco menos que una trampa mortal para sus usuarios y los vecinos, más allá de los esfuerzos de la administración Pullaro en materia de infraestructura en este año.

El productor primario de la Argentina ha cargado además con discriminaciones negativas ideologizadas. Ha encarnado injustamente el rol de "exportador primario".

No sólo no es el exportador, sino que su inversión y riesgo es lo que da vida y sentido a industrias decisivas como la de los "fierros" -en especial las sembradoras- o la genética de semillas, el desarrollo de empresas de servicio de la economía del conocimiento (mapeos de suelos, sistemas de siembra), los servicios profesionales (contadores, abogados, veterinarios, agrónomos).

Eso sin contar las "chatas" compradas a los vecinos o las inversiones en fideicomisos que aportan a la decisiva industria de la construcción en las grandes ciudades de la provincia. Hay mucho atrás del (aparente) primer eslabón.

Primer paso

Marzo sería un mes en el que las bases de los productores agropecuarios del país -en este caso especialmente los agricultores- estaban marcando para protestar por un justo motivo: no trabajar a pérdida. No hacía falta llegar a eso para que el gobierno central decidiera finalmente recomponer, en parte, su conducta confiscatoria.

La baja de retenciones debe ser un primer paso para eliminarlas. Se comprende el plazo estratégico de una medida transitoria hasta junio, pero incluso esa especulación oficial para que se liquiden exportaciones en un año electoral, es una meta ordinaria si se la compara con el verdadero objetivo: liberar la gran fuerza productiva del país.