Caído el presidente Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, la denominada Revolución Libertadora decidió mediante un decreto derogar la Constitución de 1949, reimplantándose así la Carta Magna de 1853 y sus reformas de 1860, 1866 y 1898. A su vez, dicho gobierno procedió a la creación de una Junta Consultiva nacional, pero que se los designó a nivel personal y no en representación de los partidos a los que pertenecían. Solo estaban ausentes los peronistas, quienes habían sido proscriptos por el gobierno revolucionario. En este contexto, es interesante destacar que el gobierno de facto siempre usó el término "provisional" tanto para él, como para los cargos de presidente y vicepresidente.


































