Cuestionamiento de la violencia como medio de acción política en Argentina (Parte I)

Por Ediberto Sánchez y Sebastián Llansa

La naturalización de la violencia como medio de acción política

Los golpes de Estado y la doctrina "de facto" de la Corte. La historia argentina tiene una trágica relación con la naturalización de la violencia como medio de acción política. En la historia reciente, el siglo pasado presenta una frecuencia alarmante de golpes de estado a regímenes democráticos surgidos del voto popular. En 1930, derrocado el gobierno constitucional, las nuevas autoridades disolvieron el Congreso, intervinieron las Provincias y le comunican a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la constitución de un "gobierno provisional". La Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una Acordada -no una Sentencia- del 10 de septiembre de 1930 le otorgó el reconocimiento al gobierno provisional, con fundamento en la obra de Albert Constantineau, "La doctrina de facto", como Gobierno de Facto (fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 158, página 290).

El 16 de junio de 1955, bajo la consigna "Cristo Vence", se produce el bombardeo a Plaza de Mayo con el objetivo de derrocar a Juan Domingo Perón, causando la muerte de civiles inocentes e indefensos. La Revolución fusiladora -curiosamente denominada libertadora- del 16 de septiembre de 1955, logra su objetivo y derroca al gobierno del general Perón. Durante las décadas siguientes esta lógica cívico-militar-empresarial-eclesial golpista se replica con el Golpe de las Fuerzas Armadas contra Arturo Umberto Illia el 28 de junio de 1966 y la consecuente asunción de Juan Carlos Onganía, responsable político de "La Noche de los Bastones Largos" (29 de julio de 1966).

Una serie de hechos violentos. El 30 de junio de 1969, en el "Operativo Judas", cinco sujetos pertenecientes a la agrupación Descamisados asesinan a quien proclamó la máxima: "Peronismo sin Perón", acusado de traidor, Augusto Timoteo "Lobo" Vandor. El 29 de mayo de 1970, en la "Operación Pindapoy", Montoneros secuestra al teniente general Eugenio Pedro Aramburu y lo asesinan el 2 de junio de 1970.

Un hecho político violento estatal significativo es la denominada "Masacre de Trelew", que se produce el 22 de agosto de 1972. Allí asesinan a dieciséis líderes de las organizaciones guerrilleras ERP, FAR y Montoneros, ejecutados producto de una fuga parcialmente fallida. El 24 de agosto de ese año, la Junta de Comandantes en ejercicio de un supuesto Poder Constituyente instituye el Estatuto Fundamental, una verdadera aberración jurídica con pretensiones supra-constitucionales.

Con apoyo de Perón y la apertura democrática, bajo el lema: "Cámpora al gobierno. Perón al poder", asume Héctor José Cámpora, "El Tío". La Amnistía de Cámpora a los guerrilleros que se encontraban en calidad de presos políticos se produce el 27 de mayo de 1973. Algunos de los liberados producto de dicha amnistía persiguen y asesinan a los jueces y camaristas que los habían procesado y condenado.

Producto de la presión política de sectores gremiales (particularmente nucleados en la CGT), de la Resistencia Peronista y de sectores juveniles encuadrados en Montoneros/Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Juventud Peronista (JP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), se produce la transición democrática, lográndose un breve retorno de Perón el 17 de noviembre de 1972, luego de diecisiete años de exilio, aunque se mantenía la proscripción política. Una vez que el general Perón regresa definitivamente a la Argentina, el 20 de junio de 1973, se agudiza la tensión interna en el movimiento peronista entre la derecha y la izquierda. Justamente, a raíz de ello, en el aeropuerto de Ezeiza se produce la denominada "Masacre de Ezeiza".

Este proceso culmina con la expulsión de Montoneros el 1 de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo, donde Perón los trata de "imberbes" y "estúpidos". La "Patria Peronista" y la "Patria Socialista" ya no eran compatibles. La expulsión no sorprendió a nadie, ya que contra la orden del general Perón de abandonar la vía armada, Montoneros asesina al dirigente sindical José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y mano derecha de Perón. Fue el 25 de septiembre de 1973, en la llamada "Operación Traviata".

Otro brutal asesinato es el del padre Jorge Mujica, el 11 de mayo de 1974, que históricamente se adjudicó a la Triple A (Asociación Anticomunista Argentina), conducida por "El Brujo", José López Rega, ministro de Bienestar Social de la Nación. Incluso Miguel Bonasso la atribuye a Perón, hipótesis política interpelada en reciente libro de Ceferino Reato, quien sugiere en base a una serie de elementos probatorios que el homicidio fue planeado y ejecutado por la organización Montoneros.

Luego de la delegación del poder en Isabel Martínez de Perón el 29 de junio de 1974, el 1 de julio de 1974 muere el general Perón. Isabel decreta (mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 261/1975) "aniquilar el accionar subversivo", y no "aniquilar a los subversivos", como vulgarmente se malinterpreta el decisorio político. A pesar de que al peronismo le resulte incómoda la situación, el Terrorismo de Estado comienza durante el gobierno constitucional, y se vertebra y ejecuta a través de la Triple A.

Mario Eduardo Firmenich, muerto el general Perón, denuncia la traición del gobierno de Isabel Martínez y decide volver a la lucha armada, pasando Montoneros a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974. En la "Operación Mellizas", el 19 de septiembre de ese año, son secuestrados los hermanos Juan y Jorge Born, quienes serán liberados después de seis y nueve meses, tras el pago de 60 millones de dólares.

El secuestro extorsivo fue el procedimiento empleado por Montoneros para obtener dinero y financiar la organización política en la clandestinidad. Por otra parte, el paso de Montoneros a la clandestinidad es una decisión que podría ser considerada razonable, como protección de la identidad de sus miembros respecto a un gobierno de facto, pero la misma en realidad se produjo estando en vigencia un gobierno constitucional. Y se justificaba por el accionar de la Triple A y las persecuciones de esta organización paraestatal.