Si no hay acuerdo este año, Santa Fe vuelve a la Corte por la deuda de Nación

José Curiotto

@josecuriotto

Si la Nación y Santa Fe no logran un pronto acuerdo sobre deuda acumulada por la detracción del 15% de la masa coparticipable que se realizó desde 2006, la Provincia está dispuesta a ir ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal determine cuál es el monto actualizado y fije las formas de pago.

Así lo advirtió el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione quien, incluso, puso plazos y habló de fechas de un posible nuevo reclamo ante la Corte. Según el funcionario, la provincia está dispuesta a aguardar hasta la finalización de 2016 -sólo quedan cuatro semanas- para alcanzar un acuerdo con la Nación. Si esto no se produce, el planteo ante el máximo tribunal se realizaría durante los primeros meses del año entrante.

En realidad, el 24 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo declaró inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que el gobierno central realizaba a las provincias para financiar a la Ansés, sino que también fijó un plazo de 120 días para que las partes alcanzaran acuerdos sobre las cifras actualizadas y formas de devolución del dinero ilegalmente retenido. Aquel plazo se cumplió a fines de marzo de este año.

La demanda había sido presentada por Santa Fe en 2010, cuando Hermes Binner gobernaba la provincia. El fallo se produjo durante el último tramo de las gestiones de Antonio Bonfatti en Santa Fe y de Cristina Fernández en la Presidencia de la Nación.

Cuando Mauricio Macri llegó al poder, se encontró con este panorama sombrío. Es que si bien la deuda original se calcula en 23 mil millones de pesos, la actualización de este monto arroja cifras siderales que se fueron incrementando a raíz de la inflación acumulada durante la última década en la Argentina.

Pero no sólo la deuda con Santa Fe representó desde un principio un enorme problema para el nuevo gobierno, ya que la Corte también avaló los reclamos de las provincias de Córdoba y San Luis. Según estimaciones realizadas sobre fines del año pasado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la deuda acumulada con estas tres provincias supera los 80.000 millones de pesos.

Apenas asumió el nuevo gobierno, acató parcialmente la orden de la Corte y de inmediato cesó con la retención indebida de fondos coparticipables a las provincias. Sin embargo, por delante queda lo que sin dudas será el paso más complicado: acordar montos de la deuda actualizada y fijar formas de devolución del dinero.

Las discusiones se producen en el peor de los escenarios, con un Estado nacional que acarrea un déficit fiscal que alcanza récords históricos y ante fortísimas presiones para que se produzca una urgente disminución en la presión impositiva.

La discusión vino generando fuertes tironeos entre las partes a lo largo de todo 2016. En su momento se resolvió la creación de una comisión mixta con funcionarios de los ministerios de Economía e Interior de la Nación, y representantes del gobierno de la provincia. Incluso, el tema fue abordado en una reunión entre el presidente Macri y el gobernador Miguel Lifschitz.

En una reciente entrevista con El Litoral, el ministro Saglione remarcó: “Lo que no tenemos que perder de vista es que no estamos discutiendo políticamente, sino que hay una decisión judicial tomada y lo que estamos haciendo es consensuar la manera a través de la cual vamos a ejecutar el fallo de la Corte”.

Ahora, Santa Fe dio un nuevo paso en su estrategia: fijó plazos límites y advirtió que si no se logran acuerdos en el corto plazo, el tema volverá a dirimirse en el plano judicial.