Para la Afip, las Malvinas son territorio extranjero

De la redacción de El Litoral
politica@ellitoral.com

El diputado nacional Pablo Javkin (Coalición Cívica ARI - Santa Fe) presentó un proyecto de resolución para que la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (Afip) “se abstenga de cobrar el 35% a los ciudadanos argentinos que visiten las islas Malvinas”, al tiempo que reclamó que se “elimine cualquier restricción o gravamen sobre operaciones que tengan por objeto viajes de argentinos a las islas Malvinas, sea adquisición de divisas, compras con tarjetas de créditos u otras”.

Javkin solicitó también “que se deje sin efecto cualquier otra resolución, reglamento o aplicativo del organismo del que pueda derivarse que se otorgue a las islas Malvinas trato de territorio extranjero”.

Para el diputado santafesino “resulta especialmente grave que se aplique el recargo del 35% sobre la compra del pasaje aéreo que une Río Gallegos con Puerto Argentino, porque se contrata en pesos, en nuestro país, teniendo por destino un lugar que debemos tratar como integrante del territorio argentino”.

En los fundamentos del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación afirmó que “es incomprensible el tratamiento que la Administración Federal de Impuestos otorga a las islas Malvinas, respecto de operaciones de los ciudadanos argentinos, tanto para la adquisición de divisas y compras con tarjeta de crédito, como la contratación en la Argentina de pasajes aéreos con destino a las islas con empresas que operan en el país”.

Sostuvo que “la política de reivindicación de soberanía requiere de continuidad permanente y, en este sentido, es necesario reafirmar en cada acto institucional la pertenencia de las islas a nuestro dominio territorial. No se puede consentir, por ser contrario al interés nacional, que tal línea histórica, sea vea alterada por un acto que pudiera resultar contradictorio o inconsecuente con la defensa constante de la integridad territorial y la soberanía argentina sobre las islas Malvinas”.

Por último, señaló que “tal como fuera reconocido por el titular de la Afip, en la aplicación de la Resolución 3.550, las islas Malvinas reciben tratamiento como territorio extranjero y esto resulta inadmisible. No puede resultar comprendida en los alcances de la resolución mencionada ninguna operación que resulte de la visita de argentinos a las islas, dado que el fin de la misma es gravar operaciones con el exterior y no puede reputarse en ningún caso de este modo a las islas Malvinas”.

Insistencia sobre telefonía móvil

En otro orden, Javkin reclamó que “el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, en lugar de hacer declaraciones reafirmando el obvio mal servicio de la telefonía celular en la Argentina, debería apoyar nuestra iniciativa de declararla servicio público”.

El legislador consideró que “es un paso adelante que por fin el gobierno haya manifestado lo que todos los argentinos sabemos: que la telefonía celular brinda un servicio pésimo y muy caro. Ahora lo imprescindible es declarar a la telefonía celular servicio público, ley que la CC ARI impulsa desde hace años en el Congreso Nacional”.

Recordó que “por ejemplo la nueva normativa de la facturación por segundo no evita que los titulares de las líneas abonen un servicio que de hecho no usan, al permitir que los primeros treinta segundos de cada llamada se facturen en bloque. Este sistema de cobro fue la oportunidad para que las compañías produjeran los aumentos que hoy padecemos. El costo asignado por las prestatarias de telefonía móvil al bloque de los treinta segundos iniciales, percibido en concepto de establecimiento de llamada, más los treinta segundos posteriores, hace que hoy el minuto se haya incrementado sustancialmente”.

Javkin sostuvo que “esta situación sólo puede corregirse si la Secretaría de Comunicaciones en lo inmediato obliga a las empresas a facturar las llamadas por segundo, desde el primer momento que se entablan y se hace imprescindible que el Congreso sancione una ley que declare servicio público a este tipo de telefonía para que los controles sean efectivos y abarcando el precio y la calidad de los servicios, en defensa de los ciudadanos que pagan las facturas”.

Recordó que en lo que hace a precios, “durante 2013 la Secretaría de Comunicaciones dictó una importante reglamentación disponiendo que las llamadas se facturen por segundo y no por minuto, lo que significó un avance, al reconocer un derecho extensamente defendido por las asociaciones de usuarios y consumidores. Sin embargo eso debe adecuarse porque hoy en los hechos tenemos un tarifazo en los celulares”.